Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), reunido este miércoles en el fuerte Mocorón, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, ha declarado una emergencia ambiental y anunciado una inversión de 19 mil millones de lempiras para la protección de los bosques del país.
El gobierno ha decretado “cero deforestación” a partir de la fecha hasta 2029, buscando frenar la pérdida de cerca del 50% de los ecosistemas en Olancho y La Mosquitia en los últimos 20 años. Según las autoridades, ya se han invertido 1,600 millones de lempiras en el medio ambiente a través del Programa Andrés Tamayo.
Entre las resoluciones para lograr cero deforestación para 2029, se destaca la defensa de las áreas protegidas y zonas productoras de agua, además de una inversión significativa que se distribuirá de la siguiente manera: 1 mil millones de lempiras en 2024, 2 mil millones en 2025, 3 mil millones en 2026, 5 mil millones en 2027, y 8 mil millones en 2028.
Se ha autorizado la creación de la Comisión para la Cero Deforestación a 2029, que estará a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con el Instituto de Conservación Forestal como secretario.
Durante la gestión de la presidenta Xiomara Castro, mediante el Programa Andrés Tamayo, se ha logrado una reducción del 67% de la deforestación en la zona núcleo de la biosfera del Río Plátano, un área declarada patrimonio de la humanidad y la segunda mayor extensión de tierras silvestres de Centroamérica.
El crimen organizado y la ganadería ilegal son señalados como principales causas de la deforestación masiva, impulsadas por la pobreza y la ambición desmedida de acaparamiento de tierras. «El narcotráfico está arrasando con los bosques y desestabilizando la región, poniendo en riesgo la seguridad física, cultural, alimentaria y el agua», expresó el ministro de Ambiente, Lucky Medina.
Entre las 17 resoluciones aprobadas por el CNDS, se incluye la instrucción al Ministerio Público de investigar asociaciones y organizaciones involucradas en actividades comerciales y criminales que destruyen los bosques de Honduras. La Policía Militar del Orden Público deberá proceder al decomiso inmediato y destrucción de maquinaria que depreda bosques y áreas protegidas.
Se anularán las autorizaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en áreas forestales y se ordena el desalojo de actividades de agricultura, ganadería, minería y otros dentro de las zonas núcleo de las áreas protegidas. La Corte Suprema de Justicia dispondrá de jueces y fiscales con jurisdicción nacional en las zonas de reserva declaradas.
Finalmente, se solicitó al Poder Legislativo reformar el Código Penal para endurecer penas por delitos ambientales. La comisión presentará un reglamento en los próximos siete días para operar estas resoluciones, y los ministros integrantes deberán dedicar el 50% de su tiempo laboral a las zonas afectadas.
En la reunión participaron los titulares de los tres poderes del Estado, incluyendo al presidente del Legislativo, Luis Redondo, la presidenta del Judicial, Rebeca Ráquel Obando, y la presidenta del Ejecutivo, Xiomara Castro, entre otros altos funcionarios. Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com