Tegucigalpa, Honduras.- La reconocida socióloga y exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, ha lanzado una severa advertencia sobre la reciente decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos. Según Castellanos, esta medida representa un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país, fortaleciendo lo que ella describe como un «Estado narco». Este movimiento, asegura, pone en peligro los avances logrados desde 2012 en materia de justicia y seguridad.
Estrategia detrás de la derogación
Castellanos no ve esta decisión como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia más amplia del partido Libre, liderado por la familia presidencial. Desde el inicio de la administración de Castro, ha habido un constante interés en frenar las extradiciones, utilizando diversas tácticas, incluyendo una polémica propuesta de ley presentada en marzo de 2023. Esta propuesta, duramente criticada, es vista por Castellanos como un intento por proteger intereses particulares, alejando la justicia de los criminales vinculados al poder.
Remoción de funcionarios incómodos
El despido del secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, en junio de 2023, es otro punto crucial en el análisis de Castellanos. Sabillón, conocido por su firmeza en ejecutar extradiciones, fue removido en un momento de crisis, lo que Castellanos interpreta como un movimiento estratégico para proteger a ciertos actores del gobierno. Este despido, sumado a la justificación del gobierno sobre una supuesta conspiración golpista, es visto por Castellanos como una cortina de humo que oculta el verdadero objetivo: blindar a figuras cercanas al poder, como Carlos Zelaya Rosales.
Crisis interna en Libre y conflicto de interés
Además de los problemas externos, Castellanos destaca la crisis interna que enfrenta el partido Libre. La pérdida de diez diputados en el Congreso Nacional ha debilitado su capacidad para aprobar leyes clave, mientras que la reciente captura del exministro de Salud, el doctor Arturo Bendaña, parece ser un intento del Ministerio Público por desviar la atención de los escándalos de corrupción que envuelven a la Corte Suprema de Justicia y a altos funcionarios del gobierno. Asimismo, Castellanos cuestiona el nombramiento de Rixi Moncada como secretaria de Defensa, sugiriendo un conflicto de interés que podría afectar la confianza en el proceso electoral.
El futuro de la institucionalidad en juego
En los puntos finales de su análisis, Castellanos plantea interrogantes sobre el futuro del país. ¿Quién sustituirá a Carlos Zelaya como secretario del Congreso Nacional? ¿Cómo Libre controlará la presidencia del Congreso tras la pérdida de diputados? Estas preguntas reflejan una preocupación profunda por la legalidad y la institucionalidad en Honduras. Para Castellanos, el país se encuentra en una encrucijada crítica, similar a la crisis de 2009, donde el futuro dependerá de la capacidad de las instituciones y la sociedad para defender la democracia frente al avance del narcoestado. Redacción Martha C.C.