Tegucigalpa, Honduras.- Del 2022 al 2024, Honduras ha registrado la muerte violenta de 30 defensores de los pueblos originarios y del medio ambiente. Esta alarmante cifra pone en evidencia el peligro al que se enfrentan los ambientalistas en el país. Según la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Estado hondureño es responsable de garantizar la protección de los derechos humanos de estos defensores, implementando medidas que salvaguarden su labor.
La lucha por la defensa de la tierra y los territorios se ha convertido en una causa peligrosa, no solo para los activistas, sino también para sus familias. Desde 2022, la violencia ha ido en aumento, resultando en la trágica muerte de 30 defensores ambientales. Este contexto refleja la falta de seguridad y protección para quienes alzan la voz en defensa de los ecosistemas y los recursos naturales.
La Conadeh ha manifestado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para la defensa de los derechos humanos. Esta situación crítica resalta la necesidad urgente de implementar políticas efectivas que protejan a los defensores y garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales.
En este escenario de riesgo, la vulneración de los derechos de los defensores ambientales es un problema que persiste, agravado por la violencia de actores estatales y no estatales. La ausencia de medidas preventivas y la falta de investigaciones exhaustivas en casos de asesinatos perpetúan la impunidad y el riesgo latente para este grupo vulnerable.
Un reciente caso que incrementa estas estadísticas negativas es el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de este año. La Conadeh exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y castigar a los responsables, reiterando la urgencia de proteger a quienes luchan por la defensa de la naturaleza y los pueblos originarios. Redacción Martha C.C.