Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, calificó como positiva e histórica la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró constitucional el controvertido “Pacto de Impunidad”. La mandataria resaltó la importancia de este fallo para el país, considerando que pone fin a una etapa de persecución política que surgió tras el golpe de Estado de 2009.

En medio de su discurso, Castro reiteró el compromiso de su gobierno con la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Sin embargo, expertos en la materia aseguran que esta decisión judicial dificulta la instalación de la CICIH, ya que la ONU había establecido como requisito la derogación del Decreto 04-2022, conocido como el “Pacto de Impunidad”.

La presidenta expresó su opinión a través de su cuenta de X, señalando que la resolución del pleno de la CSJ marca un antes y un después en la lucha contra los abusos del pasado. “La histórica resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ratifica la constitucionalidad del Decreto 04-2022, pone fin a los cruentos ataques del golpismo y a la persecución política desatada contra las víctimas del violento golpe de Estado del 28 de junio”, manifestó Castro.

Además, la mandataria criticó duramente al exmandatario derrocado tras el golpe, calificándolo como un dictador que, según sus palabras, fue impuesto a través de fraudes electorales y que actualmente enfrenta condenas por narcotráfico en Estados Unidos.

La resolución de la CSJ, que obtuvo 10 votos a favor y 5 en contra, ha suscitado diversas reacciones en la esfera política y social. Analistas consideran que esta decisión marca el fin de cualquier intento de traer la CICIH a Honduras, cerrando así un capítulo clave en las negociaciones entre el gobierno y la comunidad internacional para el fortalecimiento de la justicia en el país.

Mientras tanto, el gobierno de Xiomara Castro sigue insistiendo en la importancia de una comisión internacional para combatir la corrupción, aunque la realidad política y jurídica parece alejar ese objetivo. Para muchos, esta resolución es una muestra de la independencia del Poder Judicial y su firmeza ante presiones externas, mientras que para otros, es un retroceso en la lucha contra la impunidad en Honduras.

La discusión en torno a la CICIH y su posible implementación continúa siendo un tema central en la agenda política nacional, y la reciente decisión de la CSJ añade una nueva complejidad a este debate. En este contexto, la población hondureña se enfrenta a un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la justicia y la transparencia en el país. Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com

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