Dos meses han transcurrido desde que un narcovideo impactara a la sociedad hondureña, revelando la implicación de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en un encuentro con capos del narcotráfico. Este encuentro, en el que se discutió una contribución millonaria a la campaña electoral del Partido Libre en noviembre de 2013, ha quedado prácticamente sin consecuencias judiciales. Desde el Ministerio Público, no se han tomado acciones concretas para investigar y deducir responsabilidades en este caso conocido como “Narcopolítica”, que involucra a miembros de la alta esfera presidencial.
La última información sobre Carlos Zelaya indica su salida repentina de Honduras a través de la terminal aérea de Palmerola. Aunque inicialmente se rumoreaba que se dirigiría a Nicaragua, se reveló que su destino era España para presenciar el clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona. Este giro ha suscitado interrogantes sobre su intención de evadir el escrutinio público en medio del escándalo que sacude a su familia.
El impacto del narcoescándalo ha llevado al gobierno de Xiomara Castro a replantearse el tratado de extradición, que ha facilitado la entrega de 56 hondureños a Estados Unidos y Costa Rica desde 2014. Oficialmente, la administración alega que no desea que este tratado se convierta en un instrumento de opresión política. Sin embargo, se rumorea que, aunque se realizarán cambios, el tratado no será eliminado antes de su vencimiento el 28 de febrero de 2025.
La controversia en torno a la familia presidencial ha sido manejada con varias distracciones mediáticas, como las declaraciones del jefe de las FFAA, Roosevelt Hernández, y los fallos del Supremo sobre las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs). Estos eventos han desviado la atención de la población, permitiendo al gobierno navegar las críticas que rodean la narcoreunión de uno de sus miembros más influyentes.
La gestión de Johel Zelaya al frente del Ministerio Público ha mantenido vivas las acusaciones contra líderes de la oposición, mientras se anticipan más cargos en el futuro. Esta semana, el Fiscal Adjunto, Marcio Cabañas, se refirió brevemente al narcovideo que compromete a Carlos Zelaya, afirmando que hay numerosas personas involucradas que fueron citadas por la Fiscalía. No obstante, no ofreció detalles sobre el avance de la investigación, citando el principio de reservas legales.
Cabañas también evadió la pregunta sobre la existencia de una alerta migratoria contra Carlos Zelaya, reconociendo que la ley prohíbe compartir esa información. Este comentario se contrapone con las declaraciones previas del Fiscal General, Johel Zelaya, quien justificó acciones judiciales contra otros políticos, como el presidenciable nacionalista Nasry Asfura, lo que indica una aparente disparidad en el tratamiento de casos dentro del mismo marco de corrupción.
El futuro de este escándalo y su impacto en el gobierno de Xiomara Castro siguen siendo inciertos, pero la presión pública por transparencia y justicia no ha disminuido. La población espera respuestas y una acción decisiva del Ministerio Público ante las acusaciones que continúan ensombreciendo la imagen del país. Redacción HonduPrensa.Com