El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha rechazado la solicitud del Poder Ejecutivo para asignar 276 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para el traslado de urnas electorales, alegando su compromiso con la democracia y la transparencia. Sin embargo, su postura ha generado críticas y sospechas de posibles acuerdos ocultos con la institución castrense, lo que podría comprometer la independencia del proceso electoral.
Rechazo público, pero dudas en privado.
Aunque Redondo declaró que la propuesta presentada “de buena fe” por el Ejecutivo no será sometida a dictamen ni votación, analistas políticos y actores de la sociedad civil cuestionan si este rechazo es parte de una estrategia más amplia para consolidar el apoyo militar de cara a futuras negociaciones políticas. «No basta con rechazar en público; se necesitan garantías de que no se están construyendo alianzas detrás de bambalinas», comentó un experto en gobernabilidad.
Además, el rechazo del Congreso se basa en que el Consejo Nacional Electoral (CNE), y no las Fuerzas Armadas, es el organismo constitucionalmente responsable de gestionar los recursos para el proceso electoral. Sin embargo, la insistencia de Redondo en aclarar que “el proyecto fue presentado de buena fe” deja entrever una actitud ambigua que alimenta las dudas.
¿Un pacto de encubierto con los militares?
El papel de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales ha sido históricamente controvertido, y su involucramiento más allá de lo logístico representa un peligro potencial para la democracia. A pesar de esto, algunos señalan que Redondo podría estar usando esta situación como moneda de cambio. «Los militares no suelen aceptar un no por respuesta sin obtener algo a cambio», afirmó un político opositor.
La negativa a someter la propuesta a dictamen podría ser interpretada como un gesto simbólico mientras, en privado, se negocian otros intereses que podrían incluir apoyo político o institucional para proyectos futuros. Estas especulaciones ponen en entredicho la verdadera independencia del Congreso en su relación con la institución castrense.
¿Transparencia o teatro político?
El presidente del Congreso subrayó que el rechazo al presupuesto fue una decisión basada en la ley y la Constitución. Sin embargo, sus declaraciones han sido percibidas como contradictorias. Por un lado, reafirma el compromiso del Congreso con la transparencia; por otro, evita dar detalles sobre cómo se garantizará que las Fuerzas Armadas no ejerzan una influencia indebida en las elecciones.
Organizaciones de la sociedad civil han exigido que Redondo haga públicos los registros de reuniones y comunicaciones entre el Congreso y altos mandos militares. “Si no hay nada que ocultar, no debería haber problema en demostrarlo”, manifestaron en un comunicado.
La sombra de Rixi Moncada y el Ejecutivo
Otro punto crítico es el involucramiento de la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien además es precandidata presidencial por el Partido LIBRE. La propuesta de asignar los recursos bajo su gestión ha sido vista como un intento del Ejecutivo de consolidar su influencia en el proceso electoral. Sin embargo, Redondo no fue contundente al criticar esta maniobra, lo que ha generado cuestionamientos sobre su verdadera postura frente al Ejecutivo.
¿Quién garantiza la democracia?
Luis Redondo ha insistido en que el Congreso Nacional no permita irregularidades, pero su ambigüedad alimenta la percepción de que existen intereses cruzados . «No es suficiente rechazar; es necesario demostrar que no hay acuerdos bajo la mesa con los militares o con el Ejecutivo», declaró un líder opositor.
La participación de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral debe limitarse a lo logístico, y cualquier intervención adicional representa un riesgo para la democracia hondureña. Si bien Redondo asegura que su postura es firme, la falta de transparencia y claridad en sus decisiones podría socavar su credibilidad.
Democracia en juego: exigencias de claridad
Ante estas dudas, organismos internacionales, partidos de oposición y sectores de la sociedad civil han hecho un llamado para que el Congreso Nacional transparente sus acciones y desmarque cualquier sombra de injerencia militar en el proceso electoral. «La democracia de Honduras no puede ser moneda de cambio en negociaciones políticas», advirtieron en un comunicado conjunto.
El futuro del proceso electoral depende de que las instituciones actúen con independencia y apego a la ley, pero también de que figuras como Luis Redondo sean claras y contundentes en su compromiso con los principios democráticos, más allá de las declaraciones públicas.
La población merece saber si las decisiones son en verdad por la democracia o parte de un juego político que podría poner en peligro la legitimidad del proceso electoral. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com