Este martes, el Congreso Nacional debatirá el Presupuesto General de la República para el año 2025, un tema crucial para la estabilidad económica y social del país. Sin embargo, detrás de los anuncios oficiales y el optimismo por alcanzar los 65 votos necesarios, persisten serias críticas sobre el manejo de los fondos públicos, la falta de transparencia y la priorización de intereses políticos sobre las necesidades reales de la población hondureña.
Un presupuesto sin rumbo claro
Honduras enfrenta grandes retos económicos y sociales, pero el Presupuesto General, año tras año, refleja más una agenda de intereses particulares que un verdadero plan de desarrollo. Aunque el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, destacó que el dictamen ya está listo, el historial de uso y abuso de los recursos públicos por parte de las instituciones genera dudas sobre su efectividad y destino final.
El presupuesto debería ser un documento técnico que garantice el bienestar colectivo; no obstante, su ejecución en los últimos años ha sido opaca, dejando una estela de denuncias de corrupción, obras inconclusas y programas sociales que nunca llegan a quienes más los necesitan.
La sombra de la corrupción en el gasto público
El Congreso Nacional, institución clave en la aprobación y fiscalización del presupuesto, no está exento de señalamientos. En repetidas ocasiones, ha quedado en evidencia que los fondos destinados para proyectos específicos terminan desviados hacia gastos superfluos, planillas infladas y pagos discrecionales. Esto socava la confianza de los ciudadanos y limita la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades fundamentales.
¿Cómo justificar, por ejemplo, que en los presupuestos pasados se hayan priorizado aumentos salariales para funcionarios o asignaciones millonarias a instituciones con escasa rendición de cuentas, mientras el país enfrenta crisis en salud, educación y seguridad? La falta de fiscalización efectiva y la complicidad de varios actores políticos han perpetuado este círculo vicioso.
La polarización política y su costo para el desarrollo
El anuncio de Pino sobre el rechazo del Partido Nacional y el Liberal a la aprobación del presupuesto refleja no solo un panorama político fragmentado, sino también una incapacidad de diálogo y construcción de consensos en temas de interés nacional. Mientras los líderes políticos disputan cuotas de poder, el país pierde la oportunidad de estructurar un presupuesto que priorice inversiones sostenibles en sectores clave como infraestructura, agricultura y tecnología.
El presupuesto no debe ser una herramienta de negociación política, sino un instrumento para atender las urgencias del pueblo hondureño. Sin embargo, el Congreso sigue actuando bajo una lógica de clientelismo y partidismo, sacrificando las necesidades colectivas en favor de los intereses privados.
¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto?
Si el Congreso no logra aprobar el Presupuesto 2025, el país deberá operar bajo los términos del presupuesto anterior, el de 2024. Esto significaría una parálisis en nuevos proyectos e inversiones, afectando directamente la capacidad del Estado para implementar políticas públicas. Pero, ¿es peor continuar con un presupuesto anterior que aprobar uno nuevo sin las reformas necesarias para garantizar la transparencia y la eficiencia?
La ausencia de un debate serio sobre cómo asignar los recursos refuerza la percepción de que el Congreso no está a la altura de su responsabilidad histórica. Aprobar un presupuesto sin un análisis profundo de prioridades y sin mecanismos claros de rendición de cuentas sería tan dañino como trabajar bajo un presupuesto obsoleto.
El manejo de fondos públicos: el verdadero problema
La raíz del problema no está solo en el presupuesto como documento, sino en el manejo de los fondos públicos. La asignación discrecional de recursos, la falta de auditorías independientes y la opacidad en la ejecución presupuestaria han debilitado gravemente las instituciones hondureñas. Esto no es solo una cuestión de incompetencia, sino un reflejo de un sistema político que se ha normalizado en prácticas de corrupción y despilfarro.
La transparencia no puede ser una promesa vaga o un compromiso de campaña; debe ser el pilar de toda gestión pública. En un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, cada lempira mal utilizada representa una oportunidad perdida para cambiar vidas. ¿Cuántos hospitales más podrían construirse, cuántas escuelas equiparse, si se eliminara el despilfarro?
La discusión del martes: una oportunidad histórica
El Congreso Nacional tiene en sus manos una oportunidad histórica para demostrar que está comprometido con el futuro del país. Esto implica no solo aprobar un presupuesto, sino garantizar que este sea transparente, justo y orientado al desarrollo humano y económico.
Es hora de que el Congreso actúe con responsabilidad y deje atrás las prácticas que han llevado a Honduras a un estancamiento político y social. Sin rendición de cuentas, sin fiscalización real, el Presupuesto 2025 corre el riesgo de convertirse en otro ejercicio más de administración fallida que deja al pueblo hondureño en el olvido.
La población merece más que promesas vacías; merece resultados tangibles y una gestión que ponga sus intereses por encima de las agendas partidistas. Sin cambios profundos, el presupuesto será solo papel mojado. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com