Tegucigalpa, Honduras.- El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, confirmó que los generales en retiro Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto permanecerán en un módulo de mínima seguridad en la Penitenciaría Nacional de Támara. La decisión se tomó tras la acusación en su contra por homicidio y lesiones graves, en el marco de un proceso judicial relacionado con la crisis política de 2009.
Muñoz señaló que las condiciones de seguridad de los generales Vásquez, Cervantes y Puerto serán garantizadas, y que se les brindará protección durante su estancia en el penal. “Estarán en el mismo módulo donde se encuentran otros casos de alto perfil, como Mario Zelaya y Marco Bográn. No correrán ningún riesgo”, afirmó el funcionario.
El Ministerio Público, en su requerimiento fiscal, había solicitado la detención de los tres exmilitares, quienes fueron presentados en la audiencia inicial de imputación. La juez a cargo dictó detención judicial, lo que confirma que los generales en retiro enfrentan cargos graves. La audiencia para su juicio se celebrará el viernes 10 de enero a la 1:00 p.m.
En los primeros momentos del proceso, se había indicado que los generales Vásquez, Cervantes y Puerto serían recluidos en el Primer Batallón de Infantería. Sin embargo, la medida fue cambiada por la Dirección del INP, decidiendo su reclusión en Támara para garantizar la seguridad de todos los involucrados.
Los generales están acusados de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los jóvenes Isy Obed Murillo y Alex Zavala, quienes resultaron víctimas en una protesta ocurrida durante la crisis política de 2009 en Honduras. El caso tiene un trasfondo delicado, pues los seguidores del expresidente Manuel Zelaya se enfrentaron a las fuerzas del orden, generando víctimas mortales y heridos.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la intervención de los militares fue desproporcionada y causó las muertes y daños graves a los manifestantes. La acusación se centra en el mandato del alto mando de las Fuerzas Armadas, que supuestamente ordenó la represión violenta de la protesta, lo que derivó en los hechos trágicos. Este caso ha generado gran atención a nivel nacional, puesto que pone en evidencia la compleja relación entre las fuerzas armadas y la política del país en ese período.
Este proceso judicial refleja la importancia de la justicia penal en el país, que busca esclarecer los hechos ocurridos en tiempos de tensión política y, al mismo tiempo, garantizar los derechos humanos de las víctimas. La resolución de este caso podría marcar un precedente en la historia reciente de Honduras. Redacción Wendoly V.V.