Tegucigalpa, Honduras.- Honduras convoca a sus embajadores en EE. UU., México y Guatemala en una reunión de emergencia para evaluar la situación derivada de las nuevas medidas migratorias anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. La cita, convocada por el canciller Eduardo Enrique Reina, tiene como propósito definir estrategias para proteger los derechos de los migrantes hondureños en estos tres países clave para la movilidad de sus ciudadanos.
La presidenta Xiomara Castro instruyó a Reina para llevar a cabo esta reunión virtual con los embajadores en Estados Unidos, México y Guatemala, debido a la incertidumbre generada por las políticas migratorias de la nueva administración estadounidense. Según Reina, el objetivo principal de la reunión es «definir estrategias para atender las necesidades derivadas de la nueva administración de Trump», además de proteger los derechos humanos de los migrantes hondureños que se encuentran en esos países.
El canciller detalló en sus redes sociales que las medidas planteadas incluyen la colaboración con países amigos y la provisión de asesoría legal a los migrantes hondureños. Esta reunión es crucial debido a que más de 1.5 millones de hondureños viven en el extranjero, siendo la mayoría en Estados Unidos. Las remesas familiares enviadas por estos migrantes fueron cercanas a los 10,000 millones de dólares en 2024, lo que representa una porción significativa del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.
El pasado 20 de enero, la presidenta Xiomara Castro felicitó a Donald Trump por su investidura y expresó su deseo de seguir fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países, especialmente en temas de migración. En un mensaje en la red social X, Castro resaltó la importancia de trabajar de manera conjunta para lograr una migración ordenada, segura y legal.
Sin embargo, el 1 de enero, en un discurso de Año Nuevo, la mandataria hondureña advirtió que, si el gobierno estadounidense implementaba una deportación masiva de hondureños, Honduras reconsideraría su cooperación militar con Estados Unidos. En sus declaraciones, mencionó que si se continuaba con las deportaciones, la base militar estadounidense en Palmerola, que alberga a alrededor de 400 militares, perdería su justificación para existir en territorio hondureño.
Las declaraciones de Castro fueron ampliamente criticadas por varios sectores, incluidos políticos de la oposición, empresarios y organizaciones migrantes. Consideran que esta postura podría perjudicar a miles de hondureños que residen de manera ilegal en Estados Unidos y que dependen de la ayuda de sus compatriotas en el extranjero. Además, Estados Unidos podría suspender la ayuda económica a Honduras como consecuencia de esta situación.
En el contexto de estas tensiones, Honduras se enfrenta a un dilema complejo: equilibrar la protección de los derechos de sus migrantes con el mantenimiento de relaciones diplomáticas clave, mientras la administración Trump avanza con sus planes de deportación masiva. Las próximas semanas serán decisivas para definir cómo afectarán estos cambios migratorios a la relación bilateral y a la vida de los migrantes hondureños en Estados Unidos y en la región. Redacción Ruth Corrales.