Puerto Cortés, Honduras.- En medio del debate sobre la aprobación del Presupuesto General de la República, el exvicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Yllescas, ha aclarado el procedimiento legislativo conforme al marco legal hondureño. No es posible aprobar un presupuesto sin quórum, pero si 90 diputados asisten a la sesión y solo 61 votan a favor, el proceso es completamente válido.
La Constitución como base del proceso legislativo
El Artículo 190 de la Constitución de Honduras establece que el Congreso Nacional requiere la presencia de al menos 86 diputados para que una sesión tenga validez legal. Si este número se cumple, cualquier decisión tomada dentro del marco legislativo es jurídicamente vinculante.
Por su parte, el Artículo 218 señala que las resoluciones en el Congreso deben tomarse por mayoría simple de los diputados presentes, salvo en los casos en que la ley exija una mayoría calificada. En este sentido, si hay 90 diputados en la sesión, pero solo 61 emiten su voto a favor, la aprobación sigue siendo legítima, ya que los votos emitidos representan la mayoría sobre el total de participantes.
Ausencias clave y sospechas de arreglos políticos
Uno de los puntos más polémicos de la sesión fue la ausencia de más de 20 diputados del Partido Nacional y 16 del Partido Liberal, lo que ha generado dudas sobre posibles acuerdos bajo la mesa. Para algunos sectores, estas ausencias no fueron casualidad.
«Pareciera que hubo tilín tilín tilín en el Congreso Nacional», expresaron críticos, insinuando que las ausencias fueron premeditadas y que algunos diputados podrían haber sido incentivados para no participar en la votación, facilitando así la aprobación del presupuesto sin una oposición efectiva.
El debate no se limitó al presupuesto. En la misma sesión, el Congreso Nacional aprobó 18 adendas a contratos de energía, con 56 votos a favor, 17 en contra y 19 abstenciones. Estas modificaciones, que afectan un sector estratégico para la economía del país, han generado preocupación en distintos sectores debido a la falta de transparencia y consenso en la toma de decisiones.
Otro punto clave de la jornada fue la ampliación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE), con una asignación adicional de 561 millones 45 mil 280 lempiras. Esta medida, a diferencia del presupuesto general y los contratos energéticos, sí contó con respaldo de todas las bancadas, asegurando así los recursos necesarios para la organización de las próximas elecciones.
El peso de la mayoría simple en la aprobación del presupuesto
En la práctica parlamentaria, no todos los diputados presentes en una sesión necesariamente emiten su voto. Muchos pueden optar por abstenerse o ausentarse al momento de la votación, lo que reduce la cantidad de votos requeridos para alcanzar la mayoría simple. Esto significa que el presupuesto podría aprobarse sin necesidad de contar con los 90 votos de los diputados presentes, sino únicamente con la mayoría de quienes efectivamente participen en la decisión.
Este principio se ha aplicado en múltiples legislaturas y es un elemento clave en la dinámica del Congreso Nacional. Sin embargo, en un contexto político altamente polarizado, el uso de esta normativa puede generar debate entre sectores que cuestionan la legitimidad de las decisiones legislativas cuando la participación total es limitada.
Conclusión: legalidad y legitimidad en el debate legislativo
Desde un punto de vista estrictamente constitucional, si el quórum mínimo de 86 diputados se cumple, y la votación se realiza con mayoría simple, la aprobación del Presupuesto General de la República es válida. No es necesario que la totalidad de los 90 diputados presentes voten a favor, sino que basta con que la mayoría de los votos emitidos se incline por la aprobación.
El análisis de Enrique Yllescas refuerza la interpretación legal de este mecanismo, destacando la importancia de la asistencia de los diputados y su rol en la toma de decisiones que impactan al país. No obstante, más allá de la legalidad del proceso, persiste la discusión sobre la legitimidad política y ética de aprobar un presupuesto con una participación reducida en un contexto donde la gobernabilidad y la confianza ciudadana dependen de la transparencia y el consenso. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com