Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Ramón Barrios, del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó una propuesta para crear una nueva ley de procedimiento de extradición, buscando sustituir la figura del auto acordado. Según el legislador, aunque este mecanismo ha tenido utilidad, no es el modelo más adecuado para los tiempos actuales.
Durante una entrevista con periodistas, Barrios destacó la necesidad de legislar sobre la extradición de manera formal, asegurando que esta sería una medida más eficiente y precisa para regular los procedimientos, en lugar de depender del auto acordado, que aunque ha cumplido su función, ha quedado obsoleto. En sus palabras, «lo que necesitamos es una ley de procedimiento de extradición que sea más clara y efectiva».
Barrios subrayó que los tratados de extradición están bajo la potestad del Poder Ejecutivo, conforme lo establece la Constitución de la República. Además, aclaró que el Ejecutivo está abierto a revisar el tratado con Estados Unidos y, si es necesario, firmar un nuevo acuerdo que sea más favorable para el país y se ajuste mejor a las necesidades nacionales.
En cuanto a la denuncia sobre la validez del tratado de extradición con Estados Unidos, el diputado indicó que existen diversos tratados internacionales firmados por Honduras, que pueden ser utilizados para solicitar la extradición de ciudadanos de cualquiera de los países firmantes, incluyendo los Estados Unidos. «Honduras tiene convenios internacionales vigentes que permiten solicitar la extradición a otros países», afirmó.
Ramón Barrios también aseguró que, a pesar de la controversia generada por la situación con Estados Unidos, los tratados de extradición firmados con otros países siguen siendo totalmente válidos. Esta declaración tranquilizó a quienes temían que el fin del tratado con Estados Unidos pudiera generar un vacío legal en cuanto a la extradición internacional.
El congresista también señaló que Honduras debe fortalecer su sistema de justicia, especialmente al Ministerio Público, para garantizar que las investigaciones se lleven a cabo de manera eficiente, con el respaldo de sentencias condenatorias aplicadas por el Poder Judicial. Solo de esta manera, explicó, se podrá asegurar el cumplimiento efectivo de la extradición de aquellos ciudadanos que enfrenten cargos graves en el extranjero.
Por último, Barrios concluyó que el reto que enfrenta Honduras, tras la posible terminación del tratado de extradición con Estados Unidos, no se encuentra en recurrir a terceros países para gestionar extradiciones, sino en reforzar el marco legal nacional y asegurar que las extradiciones se manejen de forma adecuada y transparente. Redacción Allan Cerrato