Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, alzó la voz este miércoles para advertir que los hechos del pasado 9 de marzo representan un atentado directo contra la democracia hondureña. A su juicio, lo ocurrido durante las elecciones primarias e internas no puede interpretarse como una simple falla técnica o administrativa, sino como una acción premeditada, ideada y ejecutada por mentes siniestras que buscan desestabilizar el orden constitucional.
Orellana fue enfático al señalar que el caos registrado en los centros de votación, particularmente con el retraso de hasta 14 horas en la entrega de urnas, demuestra un patrón de comportamiento que excede la incompetencia. “Fue un escenario cuidadosamente diseñado para generar desconfianza, provocar tensiones políticas y manipular la voluntad popular”, declaró el también exfiscal general.
En su intervención pública, Orellana advirtió que si bien los responsables materiales ya podrían estar identificados por las evidencias, el verdadero reto es llegar a quienes idearon la operación desde las sombras. “¿Cree usted que serán identificados los que urdieron este perverso atentado contra la democracia?”, cuestionó, dejando entrever una profunda duda sobre la voluntad política para llegar al fondo de la verdad.
Los eventos del 9 de marzo no solo interrumpieron el normal desarrollo del proceso electoral, sino que pusieron en entredicho la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar su transparencia. Las disputas públicas entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas de Honduras agudizaron la crisis, mientras las acusaciones de fraude e irregularidades no tardaron en multiplicarse en todos los frentes políticos.
El silencio del Ministerio Público, que hasta la fecha no ha ofrecido un informe claro ni ha señalado responsables concretos, ha generado indignación entre la ciudadanía y los actores sociales. La falta de resultados ha avivado el temor de que los responsables intelectuales queden impunes, consolidando un precedente peligroso para la democracia nacional.
Para Orellana, este tipo de actos no deben quedar en el olvido ni ser relativizados por la coyuntura política. “Si no se sanciona a los culpables, estamos aceptando que se puede jugar con el voto del pueblo, que se puede manipular la voluntad popular y burlarse de las reglas que sostienen la convivencia democrática”, subrayó.
Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación, organismos internacionales, universidades, movimientos cívicos y al pueblo hondureño en general, para que se mantengan vigilantes y exijan justicia con firmeza y constancia. Afirmó que el costo de la indiferencia sería “una democracia cada vez más débil y expuesta a la manipulación desde estructuras oscuras con intereses propios”.
La gravedad de los hechos del 9 de marzo, según Orellana, no debe ser minimizada. Lo ocurrido debe entenderse como un punto de inflexión que exige una respuesta firme del Estado y de la sociedad civil. “O enfrentamos este desafío con transparencia y determinación, o nos resignamos a vivir bajo una democracia ficticia, donde las reglas se manipulan y el pueblo solo sirve de espectador”, concluyó.
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¿Quiénes fueron los verdaderos responsables del caos electoral del 9 de marzo? ¿Será capaz el sistema de justicia hondureño de llegar hasta el fondo del asunto?. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com
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