Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno hondureño ha generado controversia tras la publicación del decreto en La Gaceta No. 36,798, del 24 de marzo de 2025, en el que se establece la lectura obligatoria del libro “El Golpe 28-J: Conspiración Transnacional, un crimen en la impunidad” como parte del plan de estudios en los niveles básico y medio de la educación nacional.
La medida se enmarca en la implementación de la Cátedra Morazánica, la cual tiene como objetivo “difundir la vida y obra del héroe nacional Francisco Morazán”. Sin embargo, el decreto ordena explícitamente que el mencionado libro debe incluirse como material obligatorio en la temática de estudio, generando una oleada de críticas desde diversos sectores educativos y sociales.
Impresión masiva y financiamiento estatal
El artículo 2 del decreto establece que la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) deberá imprimir el libro, mientras que la Secretaría de Finanzas hará las modificaciones presupuestarias necesarias. Según el texto legal, el objetivo es donar ejemplares del libro a escuelas, instituciones y sectores sociales con el fin de que “los hechos no se repitan”.
Reacción inmediata: señalamientos de inconstitucionalidad
Carlos Sabillón, representante de las instituciones educativas privadas, calificó la disposición como “inconstitucional”, señalando que viola la libertad de cátedra garantizada en la Constitución.
“Se está imponiendo una visión ideológica sobre hechos históricos controvertidos, manipulando incluso la figura de Francisco Morazán”, expresó.
También advirtió que el contenido del libro refleja una narrativa partidaria ligada al Partido Libre, lo que representa un intento por reescribir la historia política reciente desde una perspectiva única.
Contexto y controversia
El libro “El Golpe 28-J” aborda los hechos del 28 de junio de 2009, día del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, figura clave del partido oficialista. Críticos del decreto sostienen que se trata de un mecanismo para consolidar un discurso político y responsabilizar únicamente a actores externos del conflicto, exonerando al oficialismo de toda responsabilidad.
En conclusión, mientras el gobierno promueve esta acción como parte de una “reivindicación histórica y educativa”, voces desde el sector académico, educativo y opositor aseguran que esta imposición podría abrir un peligroso precedente de adoctrinamiento escolar. Redacción Wendoly V.V.