Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha dado un paso contundente en respuesta a la estafa masiva perpetrada por la empresa Koriun Inversiones, al anunciar la elaboración de un proyecto de ley urgente que permitiría compensar económicamente a los afectados utilizando fondos del Presupuesto Nacional.
El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra Discua, quien detalló que la medida responde a una orden directa de la mandataria hondureña en un intento por atender las demandas de justicia y apoyo económico de miles de ciudadanos defraudados.“Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la presidenta de la República se prepara un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional”, afirmó Sierra Discua.
El proyecto busca establecer un marco legal claro y transparente que permita canalizar recursos estatales hacia los afectados, luego de confirmarse que Koriun operaba ilegalmente, sin autorización ni supervisión de la CNBS, lo que ha dificultado la recuperación de los fondos por vías tradicionales.
Controversia en aumento
La propuesta ha generado un intenso debate nacional. Diversos sectores empresariales, políticos y sociales han expresado su rechazo al uso de fondos públicos, argumentando que el Estado no debe cubrir las consecuencias de una estafa ejecutada por una empresa privada no regulada.
Los críticos sostienen que la prioridad debe ser perseguir judicialmente a los responsables y recuperar el dinero directamente de quienes organizaron la estafa. Por su parte, el Ministerio Público ha reiterado que Koriun no tenía registros contables válidos, lo que complica los esfuerzos legales para identificar y recuperar los fondos.
Criterios técnicos y control del proceso
La CNBS informó que actualmente trabaja en el diseño de los criterios técnicos y jurídicos que delimitarán quiénes calificarán para recibir apoyo, cuánto se pagará y cómo se garantizará que el proceso sea focalizado, justo y transparente.
“Queremos asegurarnos de que el proceso esté sustentado en una ley clara que defina el alcance del apoyo, los criterios de elegibilidad y las responsabilidades involucradas”, recalcó Sierra Discua. Redacción Wendoly V.V.