TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el discurso oficial promete justicia fiscal, la realidad golpea de frente a quienes viven del día a día. Anular la nueva Ley Tributaria no implica cerrar puertas a los grandes evasores, sino que profundiza la desigualdad, dejando intactos los agujeros fiscales que benefician a las élites y cargando la factura sobre los bolsillos más humildes.
Expertos en economía y líderes de la sociedad civil advierten que la derogación de esta normativa no elimina privilegios fiscales de grandes empresas ni sanciona el desvío millonario de recursos, sino que anula instrumentos de control fiscal, desprotege al pequeño comercio y expone a los consumidores a nuevos aumentos encubiertos.
“Esta medida no está pensada para proteger al pueblo, sino para blindar a quienes históricamente han evadido impuestos desde arriba”, señaló una fuente del sector académico.
Mientras tanto, miles de familias hondureñas enfrentan el alza en los precios de la canasta básica, servicios esenciales y combustibles, en un entorno económico donde el costo de la vida sube pero los salarios se congelan.
El temor generalizado es que la eliminación de la Ley Tributaria sin una alternativa sólida termine por agravar la crisis fiscal y reducir los fondos públicos destinados a salud, educación y seguridad.
En redes sociales, el clamor se hace viral:
“No queremos más ajustes para los de abajo mientras los de arriba siguen sin pagar lo que deben. ¡Que paguen los que más ganan!”
La ciudadanía exige un pacto fiscal justo, transparente y equitativo, donde el sacrificio no lo sigan haciendo los más pobres, sino quienes más privilegios han tenido históricamente. Redacción Laura V.V.