Tegucigalpa, Honduras.- En una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la periodista y candidata a diputada por el Partido Liberal, Saraí Pamela Espinal López, ha acusado al general Roosevelth Hernández Aguilar, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de haber cometido varios delitos, incluyendo abuso de autoridad, persecución política, represalias institucionales y violencia institucional con componentes de género.
Un patrón de hostigamiento
Espinal señala que desde el 9 de marzo de 2025, ha sido víctima de un hostigamiento sistemático por parte del general Hernández Aguilar, quien, según la periodista, ha recurrido a represalias políticas tras sus críticas públicas y publicaciones como parte de su labor periodística. Estas acciones habrían afectado directamente su derecho a la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de la democracia.
El impacto en su entorno familiar y profesional
El caso adquiere mayor gravedad cuando Espinal menciona que, como parte de la represalia, su esposo, quien es oficial activo del Ejército con el rango de Capitán, fue trasladado arbitrariamente a otro departamento y posteriormente separado del servicio militar sin justificación ni debido proceso administrativo. Espinal alega que su esposo contaba con una hoja de servicios intachable, lo que haría aún más cuestionable la decisión.
Persecución política y violencia de género
La denuncia hace hincapié en que la persecución política que Espinal enfrenta está vinculada a su candidatura a diputada por el Partido Liberal. La periodista acusa que el jefe del Estado Mayor busca silenciar su participación política y libertad de expresión, utilizando su poder institucional para frenar su actividad pública. Además, se alega que existe un patrón de hostilidad de género por parte del general Hernández Aguilar, lo que agrava aún más las acusaciones.
Reacción de Espinal ante la violación de derechos
Espinal manifestó que las acciones represivas no solo han dañado su imagen profesional, sino que también han afectado a su familia y su entorno social. La periodista ha hecho un llamado a las autoridades para que se investigue a fondo la denuncia y se tomen las medidas adecuadas para proteger sus derechos y garantizar la justicia.
«Este tipo de violencia institucional y política es inaceptable en una sociedad democrática. No me voy a quedar callada», afirmó Espinal en una entrevista.
¿Qué sigue para la denuncia?
El Ministerio Público y el Conadeh ahora tendrán que evaluar las pruebas presentadas y decidir si se procede con una investigación formal. Por su parte, Saraí Espinal continuará en su lucha por la libertad de expresión y los derechos políticos, mientras espera que las autoridades pertinentes actúen para esclarecer lo sucedido. Redacción Wendoly V.V.
