Tegucigalpa, Honduras.- Una investigación periodística ha destapado un nuevo escándalo de corrupción que salpica al diputado oficialista Jari Dixon, quien habría gestionado de forma irregular más de 4.1 millones de lempiras en proyectos sociales simulados, abandonados o mal ejecutados, pese a que la ley hondureña no otorga a los diputados esa facultad.
Los fondos provenían de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y fueron canalizados a través de la cuestionada ONG Hondupaz, vinculada directamente al legislador del partido Libre.
Fútbol en ruinas: un símbolo del engaño
El caso más indignante se localiza en la aldea Los Portillos, municipio de Sabana Grande, donde supuestamente se invirtieron L381,900 para “acondicionar” un campo de fútbol. Sin embargo, lo único que dejaron fue un terreno dañado, lleno de cráteres, grietas y neumáticos viejos.
“Lo dejaron peor de lo que estaba. Nosotros mismos tuvimos que recolectar L60,000 para intentar repararlo”, declaró un vecino.
“La maquinaria vino un solo día y jamás regresó”, agregó otro testigo. Dixon nunca se presentó en la comunidad.
Obras fantasmas, patrón repetido
-
En El Pedregal, se destinaron L822,043 para el “techado” de un centro de salud. El techo ya existía. Solo construyeron una galera sin canaletas, con piso de tierra. La obra genera inundaciones cuando llueve.
-
En La Cuesta II, se gastaron L50,380 en construir 23 gradas innecesarias, sin consulta ciudadana.
-
En Nueva Esperanza, se colocó un “techo comunal” por L540,076, cuya calidad y costo generan serias dudas.
-
En El Tizatillo, un tramo de concreto hidráulico financiado por la SIT permanece abandonado, sin avance, maquinaria ni trabajadores.
Un esquema ilegal y sistemático de corrupción
Aunque el Presupuesto General 2023–2025 asigna 950 millones anuales para obras sociales ejecutadas por el Ejecutivo mediante ONGs, diputados de Libre han manejado estos fondos ilegalmente. El presidente del Congreso, Luis Redondo, ha sido señalado por autorizar transferencias sin base legal.
El caso de la diputada Isis Cuéllar, quien gestionó L37.5 millones, de los cuales al menos L6 millones carecen de respaldo documental, es solo uno más en esta trama.
Jari Dixon repite el patrón: contratación directa con Hondupaz, nula fiscalización, obras inconclusas y uso político de los recursos públicos. Los hechos constituyen un grave acto de clientelismo y despilfarro institucionalizado, financiado con el dinero del pueblo hondureño.
¿Quién protege a los que saquean al pueblo?
La impunidad sigue reinando, mientras comunidades enteras ven frustradas sus esperanzas. Los ciudadanos exigen una auditoría independiente, sanciones penales y la recuperación inmediata de los fondos desviados.. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com