Tegucigalpa, Honduras.- En medio del aparente alivio que trajo el acuerdo unánime del Consejo Nacional Electoral (CNE) para reactivar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), estalló un escándalo judicial internacional que pone en jaque la credibilidad del proceso electoral hondureño: fiscales federales de los Estados Unidos han acusado formalmente a Roger Piñate, fundador de Smartmatic, de participar en un esquema de sobornos y lavado de dinero, con implicaciones que se extienden desde Venezuela hasta Filipinas.
La empresa venezolana Smartmatic, que ya ha operado el sistema de transmisión de resultados en las elecciones generales de 2021 y en las primarias de marzo de 2025, es la favorita para quedarse nuevamente con el contrato del TREP de cara a los comicios del 30 de noviembre de 2025. Pero ahora su nombre se encuentra manchado por una acusación federal en la Corte del Distrito Sur de Florida, que amenaza con minar la legitimidad de todo el proceso democrático en Honduras.
Según los documentos judiciales, Piñate habría transferido una propiedad en Caracas como parte de un soborno a Tibisay Lucena Ramírez, expresidenta del CNE de Venezuela, para que intercediera ante el régimen de Nicolás Maduro a favor de Smartmatic. El caso no termina allí: junto a Piñate han sido acusados el estadounidense Jorge Miguel Vásquez, el estadounidense-israelí Elie Moreno, y el filipino Juan Andrés Donato, por su supuesta participación en una red de corrupción transnacional ligada a las elecciones filipinas de 2016.
Mientras en Washington se revelaban estos graves cargos, en Tegucigalpa se celebraba con bombos y platillos la aprobación de la reforma al TREP. El nuevo esquema establece que todas las actas enviadas desde las Juntas Receptoras de Votos serán publicadas, incluso si presentan inconsistencias, pero sus resultados no serán contabilizados hasta su revisión por el pleno del CNE. Aunque fue presentado como un gesto de transparencia, sectores opositores denuncian que este mecanismo abre las puertas a la manipulación política, especialmente si Smartmatic mantiene el control del sistema.
La preocupación crece si se toma en cuenta que durante la reciente crisis institucional del CNE, colectivos afines al partido Libre impidieron el ingreso de otros oferentes al edificio del órgano electoral, permitiendo únicamente la participación de Smartmatic en el proceso de licitación. Este hecho, lejos de ser una anécdota, ha sido interpretado como una clara señal de favoritismo político y una maniobra calculada para controlar el conteo de votos desde la fuente misma de los resultados.
La oposición política hondureña ha reiterado su rechazo a que una empresa señalada internacionalmente por prácticas corruptas sea la responsable de manejar la columna vertebral del sistema electoral. Los vínculos ideológicos entre el gobierno de Libre y el régimen venezolano, así como la afinidad histórica entre Smartmatic y los gobiernos de izquierda en América Latina, son suficientes, a juicio de analistas y líderes de oposición, para considerar este escenario como un riesgo serio para la democracia hondureña.
En contraste, desde el oficialismo se guarda silencio. Ningún alto funcionario del gobierno ha reaccionado a las revelaciones del Departamento de Justicia de EE. UU., ni se ha planteado públicamente la posibilidad de suspender o revisar el proceso de licitación del TREP.
Honduras se encuentra así en una encrucijada: mientras intenta vender la imagen de un proceso electoral ordenado, moderno y transparente, la empresa que probablemente dirigirá ese proceso enfrenta acusaciones formales por corrupción internacional, lo que erosiona la confianza ciudadana y plantea serias dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales que se emitan el próximo 30 de noviembre. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com
¡DIOS BENDIGA A HONDURAS!