Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público anunció este miércoles el inicio de una investigación exhaustiva tras recibir grabaciones presentadas por Marlon Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), que presuntamente evidencian una asociación ilícita entre una consejera del CNE, un diputado propietario del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas.
Según informó el Fiscal General, las grabaciones demostrarían intentos de alterar la voluntad popular en el próximo proceso electivo presidencial, programado para el 30 de noviembre. El CNE, considerado una institución de seguridad nacional, constituye un pilar fundamental de la democracia, por lo que cualquier intento de manipular o alterar los resultados electorales es tipificado como traición a la patria, un delito de carácter imprescriptible.
En respuesta, el Ministerio Público ha instruido a varias unidades especializadas para garantizar la investigación bajo los más estrictos estándares legales:
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Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública
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Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución
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Fiscalía de Delitos Electorales
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Dirección Policial de Investigación
Entre las acciones planificadas se incluyen el aseguramiento de la cadena de custodia de los audios, pericias técnicas y análisis de indicios electrónicos, documentación detallada de hallazgos y la citación de testigos clave.
El Fiscal General advirtió que la suplantación de la voluntad popular conlleva pena de prisión de 15 a 20 años, con habilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena, subrayando que la investigación es de máxima gravedad, dado que involucra a funcionarios de instituciones críticas para la seguridad y transparencia electoral del país. Redacción Wendoly V.V.