Tegucigalpa, Honduras.- En una decisión que marca un nuevo capítulo en la historia política reciente de Honduras, la presidenta Xiomara Castro ordenó este jueves que las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) queden oficialmente a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a la Constitución y la Ley Electoral.
Sin embargo, la instrucción presidencial incluye una función adicional que ha generado debate nacional: el aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas electorales, una atribución no contemplada en la ley y calificada por analistas como inédita e inconstitucional.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, había manifestado previamente ante el pleno del CNE su preocupación por la seguridad del proceso electoral, instando a fortalecer la custodia militar del material electoral. Dicha posición fue canalizada oficialmente mediante una nota enviada a través del enlace militar asignado al organismo electoral.
La decisión de incorporar a las FFAA en tareas vinculadas a la transmisión de resultados ha generado resistencia dentro del mismo CNE y entre sectores académicos, civiles y políticos, quienes consideran que esta disposición desnaturaliza el papel militar en una democracia y podría abrir espacios a interpretaciones de control político sobre el voto ciudadano.
El objetivo central, según la mandataria, es garantizar la seguridad, vigilancia y transporte del material electoral antes, durante y después de las elecciones generales previstas para el domingo 30 de noviembre. Pero el anuncio se produce en medio de un clima de tensión tras la revelación de audios investigados por el Ministerio Público, que, según el gobierno, evidenciarían una presunta conspiración criminal para interferir en la transmisión de resultados y alterar la voluntad popular.
En su mensaje publicado en la red social X, la presidenta Castro fue contundente: “Que lo sepan todos: ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del pueblo o alterar la paz democrática será tolerado”.
La orden, emitida con la fórmula “Comuníquese y cúmplase”, deja en manos del CNE y las Fuerzas Armadas la responsabilidad compartida de proteger la integridad del proceso electoral hasta la declaratoria final de resultados. Con ello, el gobierno busca proyectar control, vigilancia y transparencia, aunque el debate sobre los límites institucionales del poder militar vuelve a ocupar el centro del escenario político hondureño. Redacción Raquel Carabantes.