Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) ha solicitado formalmente un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial.
Según la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), los dos magistrados emitieron resoluciones en contra de la ley al ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados, sin la participación del tercer miembro que conforma el Pleno del Tribunal. El MP señaló que los magistrados actuaron en solitario, lo que contraviene los principios establecidos por la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
En su declaración, el MP detalló que, el 27 de octubre, los magistrados decidieron de manera irregular una recusación presentada por un ciudadano que cuestionaba la imparcialidad de uno de ellos. A pesar de que la ley exige un procedimiento específico para resolver este tipo de incidentes, que incluye la formación de una pieza separada y la convocatoria de un magistrado suplente, los magistrados decidieron sin cumplir con dichos procedimientos, en clara violación de la normativa.
El mismo día, ambos magistrados admitieron y resolvieron las recusaciones sin convocar al tercer magistrado ni a un suplente, lo que representa una violación a la ley que regula el funcionamiento del Tribunal, ya que para tomar decisiones válidas es necesario contar con la presencia de los tres magistrados propietarios o, al menos, de dos propietarios y un suplente.
Posteriormente, el 28 de octubre, los magistrados dictaron sentencia definitiva, ordenando la inscripción de los candidatos a diputados, a pesar de que el Tribunal no estaba debidamente integrado. La decisión fue tomada sin cumplir con el procedimiento establecido en la Constitución de la República y la Ley Electoral, lo que llevó al MP a considerar que ambos magistrados incurrieron en el delito de prevaricato judicial.
En consecuencia, el Ministerio Público ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que se declare “ha lugar” el antejuicio y se proceda conforme a derecho, enviando el caso al juez natural competente para su investigación y eventual sanción. Redacción Wendoly V.V.