Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este jueves que la nueva prolongación de 45 días del estado de excepción decretado por el Gobierno de Honduras amenaza directamente la integridad del proceso electoral previsto para el 30 de noviembre de 2025, además de vulnerar derechos humanos fundamentales.
A 17 días de las elecciones generales, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional expresó preocupación por la 25ª ampliación consecutiva de la medida, señalando que contraviene el artículo 187 de la Constitución, debilita el Estado de derecho y socava las garantías ciudadanas. “Un país bajo estado de excepción enfrenta riesgos graves: limitación de libertades, concentración de poder y condiciones que pueden afectar la participación ciudadana y la confianza en los resultados. La democracia no puede sostenerse sobre restricciones arbitrarias”, destacó la organización.
La ASJ recordó que las reiteradas declaratorias han suspendido derechos como la libertad de reunión y asociación, sin cumplir los procedimientos legales exigidos. En varios casos, el Congreso Nacional ratificó los decretos fuera del plazo constitucional, y en otros ni siquiera fueron ratificados.
Pese a ser parte del Plan contra la extorsión, los resultados son limitados: entre noviembre de 2022 y junio de 2025, solo 294 de 1,959 denuncias por este delito concluyeron con sentencia condenatoria.
El reciente Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificó el uso prolongado del estado de excepción como una preocupación crítica, instando al Estado hondureño a fortalecer sus instituciones democráticas y garantizar elecciones libres y transparentes.
Asimismo, Francia, Alemania, Reino Unido y Corea del Sur exigieron su levantamiento inmediato, mientras que España, Canadá, Brasil y Austria pidieron respetar la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) frente a presiones políticas.
Organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que el estado de excepción no ha resuelto la inseguridad, pero sí ha debilitado las garantías constitucionales y la independencia de los poderes públicos.
La ASJ presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, además de notificar el caso a instancias internacionales, denunciando falta de respuesta institucional y un marco legal ambiguo que erosiona la democracia.
Finalmente, la organización exhortó al Gobierno a suspender de inmediato el estado de excepción, restituir los derechos ciudadanos, proteger la independencia de los poderes públicos y adoptar políticas de seguridad basadas en derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas. Redacción Ruth Corrales.
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