Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El planteamiento jurídico del exvicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Yllescas, desnuda una verdad incómoda: la falta de declaratoria presidencial del CNE constituye una amenaza directa al sistema constitucional hondureño.
Desde la perspectiva del derecho público, la conducta del órgano electoral viola el principio de legalidad consagrado en el artículo 321 de la Constitución. El CNE no administra silencios, administra mandatos. Declarar resultados es una obligación, no una opción política.
La gravedad aumenta al recordar que el artículo 323 establece consecuencias personales por incumplimiento de funciones. En este contexto, mirar hacia otro lado equivale a incumplir la Constitución, erosionar la confianza pública bloquear la sucesión legítima del poder.
Yllescas desmonta cualquier narrativa de “salida política” desde el Congreso. El artículo 205 es contundente: el Legislativo no declara presidentes. Hacerlo implicaría usurpación de funciones con efectos jurídicos nulos desde su origen.
El riesgo máximo se concreta al aproximarse la fecha de traspaso presidencial. El artículo 237 no admite interpretaciones creativas. Sin declaratoria no hay mandato, sin mandato no hay gobierno legítimo. Lo que emerge no es gobernabilidad, es vacío de poder.
En este escenario extremo, la Sala de lo Constitucional, respaldada por el artículo 184, se convierte en la última barrera contra el colapso institucional, con la facultad de obligar al CNE a cumplir su deber proteger el derecho ciudadano al voto efectivo.
El mensaje de Yllescas es incómodo pero necesario: la democracia no se rompe en las urnas, se rompe cuando las instituciones incumplen la ley. Persistir en la omisión electoral no es prudencia, es irresponsabilidad histórica. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com