Tegucigalpa, Honduras.- El debate político dentro del Partido Libertad Refundación (Libre) subió de tono tras las declaraciones del diputado Germán Altamirano, quien lanzó fuertes señalamientos contra el director del Instituto Nacional de Jubilaciones Pensiones Empleados Funcionarios Poder Ejecutivo (Injupemp), Amable de Jesús Hernández, a quien acusó de utilizar cargos públicos para favorecer a su círculo familiar dentro de diversas instituciones del Estado.
La controversia estalla luego de que Hernández denunciara públicamente que varios diputados de Libre habrían sostenido negociaciones con fuerzas políticas tradicionales, calificándolos de “traidores” tras el proceso electoral. Entre los señalados mencionó a Germán Altamirano, Edgardo Casaña, Rafael Sarmiento, Scherly Arriaga, Isis Cuellar, Gustavo González, entre otros, a quienes acusó de priorizar intereses personales sobre el proyecto colectivo.
Altamirano respondió con dureza, calificando esas afirmaciones como un “arrebato desesperado”, atribuyéndolas a la frustración por la no reelección de Christian de Jesús Hernández, hijo del director de Injupemp, como diputado por Santa Bárbara. Aseguró que jamás ha pactado con otros partidos políticos, señalando que, por el contrario, hubo acuerdos antidemocráticos para imponer candidaturas, traicionando la voluntad popular.
El legislador denunció que un reducido grupo de personas decidió la planilla de diputados en Santa Bárbara, sosteniendo que la arrogancia institucional terminó pasando factura política. En su relato, Altamirano subrayó que la prepotencia del funcionario lo obligó a enfrentar la realidad, generando tensiones internas que hoy salen a la luz pública.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia fue la presunta concentración de familiares en puestos estratégicos del gobierno. Altamirano detalló que un hijo del director labora en el Instituto de la Propiedad (IP), otro en la Empresa Nacional Energía Eléctrica (ENEE), una hija en un consulado, una nuera en Injupemp y otra pariente en el Servicio Administración Rentas (SAR), lo que calificó como un claro patrón de nepotismo institucionalizado.
“Hablar de moral cuando se usaron cargos públicos para acomodar a toda la familia es cinismo puro”, expresó el diputado, recordando que en Santa Bárbara se eligen nueve diputados, pero solo se pidió el voto para siete, excluyéndolo deliberadamente.
Altamirano también denunció que fue objeto de intentos de exclusión dentro de Libre por una cúpula departamental, la cual —según afirmó— pretendía manejar el partido como propiedad privada, mediante acuerdos oscuros en las elecciones internas.
El enfrentamiento revela una fractura interna que reaviva el debate sobre ética política, transparencia y el uso del poder dentro de las instituciones públicas, en un contexto donde la ciudadanía exige coherencia entre el discurso y la práctica del cambio prometido. Redacción Ruth Corrales.