Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) marcó un nuevo capítulo en uno de los casos más sensibles para la conciencia nacional al ordenar la repetición del juicio por la muerte de la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez, ocurrida el 7 de febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, Intibucá, bajo custodia del Estado.
La determinación surge tras un análisis exhaustivo del expediente judicial, luego de los recursos interpuestos tanto por el Ministerio Público como por la defensa privada, lo que abre nuevamente el debate jurídico sobre las responsabilidades penales en un caso que ha simbolizado la lucha contra la impunidad.
El hecho que estremeció al país ocurrió cuando Keyla Martínez fue hallada sin vida en el interior de una posta policial, un escenario que desde el inicio despertó indignación social, exigencias de justicia plena y cuestionamientos sobre el uso del poder estatal.
En el primer juicio, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque condenó al agente policial Jarol Rolando Perdomo Sarmiento por el delito de homicidio imprudente por omisión, descartando la figura de femicidio agravado planteada inicialmente por la acusación. La sentencia fue de cinco años de prisión, una pena considerada insuficiente por sectores sociales y familiares de la víctima.
Para Doña Norma Rodríguez, madre de Keyla, la resolución de la CSJ reaviva la esperanza, pero también confirma que el caso sigue abierto en el plano moral y judicial. “Keyla estaba bajo custodia policial. Hasta hoy no hay justicia real. Existe una sola persona condenada, mientras otros responsables continúan libres”, expresó con firmeza.
Rodríguez señaló que, además de Perdomo Sarmiento, existen otros miembros de la Policía Nacional señalados, a quien identifica como uno de los principales cómplices. “Estas personas siguen en cargos públicos. No vamos a detenernos hasta que exista una verdadera justicia”, enfatizó.
La orden de repetir el juicio coloca nuevamente el caso Keyla Martínez en el centro del debate público, como un símbolo de la exigencia ciudadana por verdad, responsabilidad institucional y justicia sin privilegios, en un país donde la confianza en el sistema judicial enfrenta constantes desafíos. Redacción Ruth Corrales