Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional 2022-2026, presidido por Luis Redondo, vuelve al centro del debate público tras revelarse que, con apenas 147 días efectivos de sesiones en cuatro años, la institución destinó más de L1,724 millones únicamente a sueldos para diputados y personal, una cifra que para analistas refleja una brecha crítica entre gasto público y resultados legislativos.
El dato forma parte de un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, que expone cómo entre enero de 2022 y septiembre de 2025 el Legislativo ejecutó más de L5,942 millones, de los cuales L1,724 millones fueron a salarios y al menos L627 millones a viáticos, mientras la productividad parlamentaria mostró una caída sostenida.
El director de Democracia y Transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, explicó que, pese a gozar de todos los beneficios que concede la ley, los diputados dejaron de sesionar cerca de 395 días, cumpliendo apenas 35% de las sesiones obligatorias que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL): solo 31 días por año de 104 posibles.
Esa baja convocatoria impactó directamente en la producción de leyes. En 2022 se presentaron 929 iniciativas y se aprobaron 156; en 2023, 243 presentadas y 59 aprobadas; y en 2024, 255 presentadas con solo 55 aprobadas. En conjunto, la productividad apenas alcanzó 19% entre 2022 y 2024. Un contraste revelador: 90% de los proyectos del Poder Ejecutivo fueron aprobados, frente a apenas 13% de los impulsados por el propio Legislativo.
El informe también pone la lupa sobre las subvenciones legislativas, creadas para atender necesidades comunitarias pero que, según ASJ, han reproducido clientelismo político y opacidad. Entre 2022 y 2025 se ejecutaron más de L785 millones, concentrándose L536 millones solo entre 2024 y 2025.
En paralelo, el Congreso aprobó L2,850 millones para gasto social durante el período 2023-2025. De esos fondos, 56% se canalizó por Gobernación y Justicia, 25% por el FHIS y 19% por Sedesol, sin mecanismos estandarizados para medir impacto real en la población.
Más allá del dinero, Aguilar advirtió que la legislatura dejó huella con decisiones que, a su criterio, debilitaron la institucionalidad democrática, como la aprobación de un nuevo pacto de impunidad, la adhesión al CAF, la elección de altos funcionarios sin cumplir requisitos legales y recientes intervenciones en el proceso electoral.
Ante este panorama, ASJ instó al nuevo Congreso que asume funciones a aplicar un recorte al gasto, aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, eliminar o regular estrictamente las subvenciones, además de priorizar reformas como la electoral, la del Consejo de la Judicatura, la Ley de Colaboración Eficaz, la reforma a la Ley de Transparencia y a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas.
También recomendó establecer un procedimiento obligatorio para viáticos, fortalecer el régimen disciplinario por inasistencia, uso indebido de fondos públicos o abuso de la investidura, así como crear una agenda anual de sesiones con proyectos prioritarios, que garantice planificación, seguimiento y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El mensaje es claro: mientras el gasto del Congreso crece, la sociedad exige eficiencia, transparencia y resultados reales, en una etapa donde la credibilidad institucional se convierte en un activo político cada vez más escaso. Redacción Honduprensa.com