Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un choque político de alto voltaje luego de que el diputado del Partido Liberal Rashid Mejía acusara al exfuncionario Fausto Cálix de retener un vehículo estatal tras abandonar su cargo como director de Aduanas.
La denuncia gira en torno a una Toyota Prado asignada por el Estado, la cual —según versiones difundidas digitalmente— no habría sido devuelta y continuaría bajo resguardo del exministro. El señalamiento genera especial impacto porque, durante su paso por la función pública, Cálix sostuvo que no era propietario de ningún vehículo y que su movilidad dependía exclusivamente del aparato estatal.
Mejía decidió llevar el reclamo al terreno público con un mensaje directo en X que desató reacciones inmediatas, reabriendo un viejo debate sobre el lujo, la coherencia ideológica y el uso de bienes públicos por parte de exautoridades.
La discusión tomó mayor fuerza con la intervención de Julia Talbott, dirigente liberal, quien aseguró que existen versiones vecinales que ubican los vehículos en una residencia de alto nivel, sembrando dudas sobre la veracidad de las explicaciones previas y el destino real de los automotores.
El silencio de Fausto Cálix, hasta el momento, incrementa la presión política y ciudadana, especialmente en un contexto donde la administración saliente del gobierno de Xiomara Castro enfrenta cuestionamientos por el uso intensivo de recursos en alquiler vehicular, cifra que rondaría los L 1,400 millones, según datos oficiales recientes.
El episodio se convierte así en un símbolo del reclamo social por una transición ordenada, responsable y transparente, donde los bienes del Estado regresen al Estado, sin excepciones ni privilegios. Redacción Hansell Ordoñez.
