Tegucigalpa, Honduras.- Un dato sacude la percepción pública: hasta 50 agentes policiales llegaron a resguardar a ciertos exfuncionarios, junto a 120 vehículos blindados integrados en esquemas de protección que ahora están bajo revisión. El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, expuso un giro estratégico que busca devolver recursos a la seguridad ciudadana, en una decisión que conecta con una demanda social persistente: calles más seguras, menos privilegios.
El funcionario detalló que la unidad especializada dispone de cerca de 1,500 agentes, con alta proporción dedicada a custodias personales. El plan oficial apunta a recuperar al menos 80 % del personal para patrullaje, prevención del delito, control territorial. La medida se apoya en análisis técnicos de riesgo, no en solicitudes discrecionales, marcando distancia con prácticas del pasado que, según Velásquez, resultaban ofensivas ante una población expuesta a la violencia cotidiana.
“Hubo casos con 15, 20 incluso 50 agentes asignados”, indicó, al describir un modelo que califica como insostenible. Sin embargo, aclaró que ningún esquema será retirado sin estudios que confirmen nivel de amenaza, medidas autorizadas. La revisión pretende equilibrar protección institucional con uso responsable de recursos públicos, un mensaje que resuena en medio de exigencias de transparencia.
Otro punto que genera debate es la recompensa de 35 millones de lempiras por información sobre el paradero del exjefe militar Romeo Vásquez Velásquez. El ministro considera esa cifra desproporcionada, plantea que este tipo de incentivos debe aplicarse solo tras agotar diligencias investigativas formales. El planteamiento abre conversación sobre prioridades en gasto de seguridad.
La redefinición impulsada por Velásquez coloca el foco en eficiencia, equidad, protección real para la ciudadanía. La seguridad se mantiene como asunto central del debate nacional. Redacción Wendoly V.V.