Tegucigalpa, Honduras.- En un giro que promete generar debate en los círculos políticos y administrativos de Honduras, la designada presidencial María Antonieta Mejía reveló este lunes que existe una clara duplicidad de funciones entre la Secretaría de Transparencia y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), señalando que esta situación obliga a tomar decisiones estratégicas sobre la reorganización institucional.
“Hay una duplicidad de funciones entre la Secretaría de Transparencia y el Instituto de Acceso a la Información Pública, tenemos que decidir a quién vamos dotar de presupuesto y vamos a fortalecer”, afirmó Mejía en conferencia con periodistas, dejando entrever que alguna de estas entidades podría desaparecer como parte de la política del presidente Nasry Asfura de reducir el aparato estatal.
La designada presidencial enfatizó que la meta es eliminar instituciones innecesarias que solo generan burocracia, buscando un Estado más eficiente y con menor gasto público. Según Mejía, se pretende reducir el número de instituciones de 103 a 78, con un impacto proyectado en el Presupuesto General 2026 de al menos 20 mil millones de lempiras en ahorros.
Entre las acciones contempladas, se encuentra la desaparición de ciertos programas que serán absorbidos nuevamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), incluyendo el Programa de Acción Solidaria (Prorasol). Además, Mejía adelantó que se separará de sus cargos a aproximadamente ocho mil empleados en planilla del Estado, afectando principalmente al Instituto de la Propiedad (IP), Servicio Civil, Canal 8 y la Secretaría de Recursos Nacionales, donde detectó una plantilla sobredimensionada.
Cabe recordar que la Secretaría de Transparencia fue creada durante la administración de Juan Orlando Hernández mediante el Decreto Ejecutivo PCM 111-2020, mientras que el IAIP se originó con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto Legislativo Nº 170-2006, del 27 de noviembre de 2006.
El anuncio ha generado ya comentarios encontrados entre analistas y ciudadanos, quienes debaten si la reducción del aparato estatal será efectiva para mejorar la transparencia y eficiencia o si podría generar conflictos institucionales. La mirada crítica apunta a que la verdadera prueba será cómo se implementen los cambios y el manejo del talento humano dentro del Estado. Redacción Wendoly V.V.