Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Congreso Nacional aprobó en primer debate una iniciativa que podría marcar un giro de alto impacto en el funcionamiento interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al proponer que las funciones administrativas actualmente concentradas en la presidencia del Poder Judicial pasen al pleno de magistrados, mediante decisiones por mayoría.
El proyecto fue presentado por el diputado del Partido Liberal Francis Cabrera y plantea que decisiones sensibles como nombramientos, traslados, rotaciones y asignaciones de jueces ya no se ejecuten desde una sola oficina, sino que sean sometidas a votación colegiada dentro de la CSJ.
Una reforma que nace en medio de cuestionamientos
El avance de la iniciativa ocurre en un momento de fuerte escrutinio público. Sectores de sociedad civil han señalado preocupación por movimientos administrativos realizados durante la actual administración de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, principalmente por traslados y rotaciones que, según críticos, podrían influir en el rumbo de procesos judiciales de interés nacional.
En ese contexto, la reforma no solo se interpreta como un ajuste interno, sino como una respuesta legislativa a un clima de desconfianza y tensión institucional.
Un bloque legislativo que empujó el primer debate
En el Congreso, la iniciativa logró avanzar gracias al respaldo de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal, sumando apoyo de diputados del Pinu-SD y la Democracia Cristiana.
Ese respaldo permitió su aprobación en primer debate, dejando claro que existe un bloque que impulsa cambios para evitar que el poder administrativo quede concentrado en una sola figura dentro del Poder Judicial.
Libre anuncia que definirá su postura después
Desde Libre, el diputado Rafael Sarmiento manifestó que su bancada fijará una postura oficial durante la discusión en segundo y tercer debate, lo que anticipa una fase de negociación política intensa.
La reserva de posición de Libre genera expectativa, porque el oficialismo podría optar por:
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apoyar la reforma como mecanismo de equilibrio
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rechazarla por considerarla una intromisión legislativa
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o buscar modificaciones que mantengan parte del control en la presidencia
Qué implicaría el nuevo esquema
Si la normativa se aprueba de manera definitiva, Honduras entraría en un modelo temporal donde la administración judicial se manejaría bajo una lógica colegiada.
En términos prácticos, el pleno de magistrados tendría que aprobar por mayoría decisiones como:
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Asignación de jueces a juzgados clave
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Rotaciones internas
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Traslados por jurisdicción
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Nombramientos administrativos
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Reubicaciones por razones disciplinarias o estratégicas
Este cambio podría transformar la dinámica interna de la CSJ, porque las decisiones dejarían de depender de la presidencia y pasarían a un órgano con múltiples equilibrios internos.
La clave de fondo: Consejo de la Judicatura
La reforma se define como transitoria porque el objetivo final sería la creación del Consejo de la Judicatura, una instancia permanente que administraría la carrera judicial y el control institucional del sistema.
La creación del Consejo es una de las demandas más recurrentes en el país, ya que se considera una vía para garantizar transparencia, meritocracia y estabilidad en la judicatura.
El punto más sensible: quién mueve a los jueces
Aunque el debate se presenta como administrativo, el fondo es profundamente político e institucional: el control de traslados y asignaciones puede impactar directamente en la conducción de procesos judiciales.
En cualquier democracia, quien decide dónde está un juez, qué juzgado ocupa y cuándo rota, tiene un poder determinante sobre la estructura judicial.
Por eso, la reforma ya genera lecturas encontradas:
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Para algunos, es un avance hacia la desconcentración del poder
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Para otros, puede abrir una etapa de pugna interna dentro del pleno de magistrados
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Y para críticos, podría ser una nueva batalla política por el control institucional de la justicia
Próximo escenario: segundo debate bajo lupa nacional
El segundo debate será decisivo. Allí se medirán fuerzas políticas, se discutirán cambios y se definirá si la reforma se convierte en un nuevo marco de administración judicial o si enfrenta resistencia suficiente para frenarla.
La ciudadanía, por su parte, observa con expectativa y exige que el resultado final sea uno solo: una justicia más transparente, más estable y más confiable, lejos de cualquier percepción de manipulación. –Redacción Ruth Corrales HonduPrensa.Com