Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Las carreteras de Honduras ya no solo enlazan destinos; están tejiendo relatos marcados por el dolor. El 2026 inició con un dato que estremece: más de 170 muertes por accidentes de tránsito en apenas las primeras semanas. Lo que sucede en las vías dejó de ser estadística aislada para convertirse en una pandemia silenciosa, constante, devastadora.
No transcurre jornada sin luto. No pasa semana sin despedidas. Las cifras oficiales proyectan un año crítico si la tendencia no se revierte. La imprudencia al volante, el exceso de velocidad, fallas mecánicas, débil prevención continúan figurando como detonantes recurrentes en reportes institucionales. Cada número encierra una historia, una familia fracturada, un futuro interrumpido.
La tragedia no culmina en el asfalto. Se traslada a los quirófanos del Hospital Escuela, donde personal médico confirma que la totalidad de ingresos por trauma en sala de emergencia corresponde a percances viales. El 80 % son motociclistas, en su mayoría jóvenes que parten rumbo al trabajo, regresan en ambulancia.
Un paciente con politraumatismo puede implicar un costo superior al millón de lempiras, con hospitalizaciones de hasta seis semanas. Cada cama ocupada por un siniestro prevenible limita la atención de otras urgencias. La crisis vial en Honduras presiona hospitales, golpea familias, tensiona recursos públicos.
El crecimiento acelerado del parque de motocicletas como alternativa económica multiplica el riesgo. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reconoce la gravedad del escenario e impulsa medidas para disminuir la siniestralidad, entre ellas el uso obligatorio de chalecos reflectivos en horario nocturno. Sin embargo, ninguna norma transforma conductas sin conciencia colectiva. Persisten invasiones de carril, maniobras temerarias, cultura de prisa que supera la prudencia.
El impacto no solo se mide en pérdidas humanas. También en cifras millonarias. Sebastián Pastor, presidente de la Federación Internacional del Automovilismo en Honduras, advierte que la siniestralidad vial representa entre el 5 % y el 10 % del Producto Interno Bruto, equivalente a cerca de 2,500 millones de dólares anuales. Recursos que se diluyen en reparaciones, hospitalizaciones, medicamentos, incapacidades laborales, productividad truncada. Un golpe directo al desarrollo nacional.
Expertos coinciden en que esta realidad trasciende el ámbito del tránsito. Se trata de una crisis de salud pública, de derechos humanos, de modelo de desarrollo. Cada accidente prevenible refleja una falla compartida: educación vial insuficiente, controles débiles, infraestructura desigual, decisiones individuales irresponsables.
La pregunta resuena con fuerza en el debate digital: ¿cuántas vidas más deben perderse para asumir la seguridad vial como prioridad absoluta? ¿Estamos dispuestos a cambiar hábitos antes de que la próxima cifra tenga nombre conocido?
La pandemia vial no porta virus, pero sí devastación. El margen de error es mínimo. El costo, irreparable. Redacción Martha C.C.