Tegucigalpa, Honduras.- En medio del tercer debate en el Congreso Nacional de Honduras, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lanzó una advertencia técnica sobre la propuesta denominada “Ley de Reactivación Económica Desarrollo Humano”, al considerar que su redacción podría abrir la puerta a riesgos constitucionales contra la clase trabajadora.
A través de la red social X, el CNA pidió revisar con lupa cada disposición antes de su aprobación definitiva. El organismo dejó claro que no cuestiona la potestad estatal de reorganizar su estructura administrativa ni de racionalizar el gasto público. Sin embargo, subrayó que la eficiencia fiscal no puede edificarse a costa de garantías constitucionales.
Uno de los puntos más sensibles radica en la autorización de reducciones forzosas de personal, tanto bajo contrato como por acuerdo de nombramiento. Aunque el proyecto contempla indemnizaciones conforme a ley, el CNA advierte que simultáneamente se restringen acciones judiciales al suspender el mecanismo de control previsto en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil. Esta combinación, sostiene, podría dejar al empleado cancelado sin herramientas reales para reclamar posibles irregularidades, debilitando el derecho de acceso a la justicia.
El documento también alerta sobre la facultad que se otorgaría al Poder Ejecutivo para anular actos administrativos previos —resoluciones, contratos, licencias— bajo criterios que podrían interpretarse con amplia discrecionalidad. Sin parámetros claros ni control jurisdiccional posterior, esta medida podría convertir al Ejecutivo en juez definitivo de sus propios actos, erosionar el debido proceso además de generar inseguridad jurídica para ciudadanos o empresas vinculadas al Estado.
Otro aspecto que genera inquietud es la suspensión del artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Según el CNA, la redacción actual carece de precisión sobre su alcance, lo que podría derivar en vacíos de responsabilidad procesal ante el cierre o supresión de instituciones públicas, afectando a quienes mantengan litigios contra el Estado.
El organismo exhortó al Congreso a delimitar con claridad cualquier facultad extraordinaria, garantizar el respeto irrestricto al debido proceso, preservar el acceso efectivo a la justicia además de blindar la seguridad jurídica en cada reforma. Redacción Wendoly V.V.
