El Gobierno ha precisado que el conocimiento de catalán o euskera no será necesario para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes prevista en España, cuyo alcance podría llegar a más de medio millón de beneficiarios.
Así lo han manifestado tanto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como otras fuentes oficiales, tras las dudas y reclamaciones planteadas por diferentes comunidades autónomas y partidos políticos sobre el papel de las lenguas cooficiales en el proceso. Tal como ha confirmado Europa Press, los requisitos lingüísticos sí se contemplan para las renovaciones posteriores de la residencia en determinados supuestos, pero no condicionarán la obtención inicial del permiso.
Según han enfatizado fuentes gubernamentales, los requisitos “en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo”. El texto del borrador de Real Decreto, aún en fase de tramitación, también prevé una vía excepcional para prorrogar la autorización inicial si el migrante no puede acogerse a las opciones ordinarias de modificación del permiso, siempre que acredite búsqueda activa de trabajo y esté inscrito en el servicio público de empleo, o bien aporte un informe de integración social emitido por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. Este informe, si es favorable, certificará distintos aspectos —entre ellos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia—, aunque ciertas circunstancias personales, como enfermedad grave, discapacidad o edad de jubilación, eximirán de este trámite.
Pese a la aclaración emitida por el Ejecutivo central, tanto la Generalitat catalana como el Gobierno vasco están reclamando que el conocimiento de catalán o euskera sea tenido en cuenta en la renovación de los permisos de residencia ya concedidos mediante la regularización extraordinaria. Cataluña ha presentado una enmienda al proyecto para que el aprendizaje del catalán se valore en la primera renovación y se refuerce su papel como herramienta de integración social. La enmienda contempla que los migrantes regularizados dispongan de un año, hasta la primera renovación, para iniciarse en las lenguas oficiales, quedando en manos de cada autonomía la articulación de los procedimientos y acreditaciones necesarios.
Requisitos adicionales y proceso de tramitación
El borrador del Real Decreto incorpora además el requisito de que los migrantes que soliciten la regularización extraordinaria no supongan una “amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública”. La normativa prevé que se recabe de oficio un informe policial para comprobarlo, y que todas las solicitudes de residencia temporal basadas en circunstancias de arraigo, incluidas las derivadas de situaciones de protección internacional previa, sean revisadas mediante dichos informes.
En relación con los antecedentes penales, el Gobierno ha previsto que, si al tramitar la solicitud se admite una declaración responsable del solicitante, y posteriormente se recibiese un certificado positivo de antecedentes, la autorización concedida será revisada. Otro aspecto relevante es que, desde el momento de la presentación de la solicitud, los migrantes podrán residir y trabajar de manera provisional, y tanto los menores como las personas dependientes incluidas en la unidad familiar tendrán acceso a una autorización con protección reforzada.
El plazo límite para presentar solicitudes dentro del proceso de regularización extraordinaria será el 30 de junio de 2026. Con información de Agencias.
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