Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lanzó un llamado contundente al Congreso Nacional (CN) sobre la necesidad de evaluar un juicio político sin cálculos partidarios, tras los hechos ocurridos durante el proceso electoral de 2025.
En un análisis profundo de la coyuntura electoral, Castellanos señaló: “Las elecciones de 2025 dejaron cicatrices profundas para Honduras, reflejaron la polarización de la sociedad, la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos y la fragilidad de algunas instituciones, aunque también evidenciaron la determinación democrática de los hondureños”.
La experta recordó que, desde las elecciones primarias hasta las generales, el país vivió un deterioro institucional preocupante. Destacó que el consejero del CNE, Marlon Ochoa, adoptó conductas que afectaron directamente el desarrollo del proceso electoral, provocando parálisis administrativa y retraso en decisiones clave, al ausentarse de múltiples sesiones, lo que impidió la conformación del Pleno y el avance del cronograma electoral. Además, Castellanos enfatizó que Ochoa interpuso denuncias penales selectivas y obstaculizó la fase del escrutinio general y especial, eludiendo responsabilidades y poniendo en riesgo la transición constitucional.
En paralelo, Castellanos apuntó a la actuación del Ministerio Público, donde el fiscal general Johel Zelaya desplegó intervenciones continuas que incluyeron investigaciones contra autoridades electorales en funciones, solicitudes de antejuicio a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y allanamientos a instalaciones del CNE, generando un impacto directo en la percepción de imparcialidad del proceso.
“La presentación de requerimientos y nombramientos recientes por parte del fiscal no disminuye ni borra su intervención durante el periodo electoral. La acumulación de hechos revela dos patrones institucionales conectados: retraso en decisiones críticas del CNE y uso estratégico de la acción penal en un proceso altamente sensible”, subrayó Castellanos.
La líder del CNA concluyó con un llamado firme a la objetividad: “Si el Congreso Nacional decide iniciar un juicio político, este debe sustanciarse con transparencia, imparcialidad y garantías, y si decide no hacerlo, deberá explicarle al país por qué considera que estos hechos no ameritan control constitucional”.
El mensaje de Castellanos refuerza la necesidad de responsabilidad institucional, apertura al debate ciudadano y un análisis profundo sobre los mecanismos que aseguren procesos electorales íntegros, transparentes y respetuosos de la Constitución. Redacción Martha .C.C.