Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, lanzó una advertencia directa que sacude el tablero político: el juicio político contra funcionarios acusados de violar la Constitución se perfila como un escenario “inevitable” una vez se logre consolidar el respaldo legislativo requerido.
Durante la asamblea de la Asociación de Municipios de Honduras, celebrada en la ciudad costera de Tela, el titular del Poder Legislativo explicó que el Congreso avanza en la búsqueda de los 86 votos necesarios para activar el mecanismo constitucional que permitiría procesar políticamente a funcionarios señalados de abuso de poder.
El anuncio generó inmediato interés político, pues el juicio político representa una de las herramientas más contundentes del sistema democrático para sancionar conductas que vulneren la institucionalidad del Estado.
Según Zambrano, el proceso debe ejecutarse con estricto apego a la Constitución, evitando errores estratégicos que puedan bloquear futuras acciones legislativas.
“Si el juicio político se presenta sin contar con los 86 votos, el procedimiento no podrá repetirse contra ese mismo funcionario durante la misma legislatura”, explicó el presidente del Congreso, subrayando la importancia de asegurar primero el respaldo parlamentario antes de llevar el caso al pleno.
En ese contexto, Zambrano confirmó que solicitó a las distintas bancadas legislativas realizar una revisión interna de votos disponibles, con el objetivo de medir con precisión el respaldo político real antes de activar el procedimiento.
El mensaje, sin embargo, fue más allá del cálculo legislativo. El titular del Congreso también lanzó una señal directa a los funcionarios bajo cuestionamiento, sugiriendo que consideren presentar su renuncia antes de enfrentar un juicio político que podría marcar un precedente histórico en la política hondureña.
“El Congreso tiene la facultad constitucional de actuar cuando se vulnera la ley o la democracia”, remarcó, insistiendo en que la impunidad no puede convertirse en una norma dentro de la administración pública. Puntualizó. Redacción Ruth Corrales.