Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El debate sobre los combustibles en Honduras volvió a encenderse con fuerza tras las declaraciones de Rixi Moncada, quien pidió al Gobierno retirar la carga impositiva sobre los carburantes y sostener los subsidios para frenar el impacto económico sobre la población. La ex candidata presidencial cuestionó la versión oficial sobre los precios, el subsidio y los tributos, abriendo un nuevo frente de presión en uno de los temas más sensibles para el país.
Su mensaje golpeó en un momento de alta preocupación social. En Honduras, hablar del precio del combustible es hablar del costo del pasaje, del valor de la comida, del precio de los medicamentos y de la capacidad real de miles de familias para llegar al final de la semana sin que el presupuesto colapse. Por eso, sus palabras encontraron terreno fértil en una ciudadanía que siente que cada ajuste en la bomba se multiplica en toda la economía.
Moncada fue más allá del reclamo político. En su exposición aseguró que el Estado percibe una fuerte recaudación por cada galón consumido: 26.47 lempiras en la gasolina súper, 22.02 lempiras en la regular y 11.84 lempiras en el diésel. También afirmó que el país consume cerca de 12.5 millones de galones semanales, una cifra que, bajo su visión, evidencia el peso de los tributos en el esquema actual.
La fuerza de ese planteamiento está en su efecto cotidiano. Cuando el combustible sube o no recibe un alivio suficiente, la economía doméstica no espera. Suben los fletes, se encarece la distribución, aumenta la presión sobre los negocios, se encogen las compras familiares y se profundiza la sensación de que el ingreso ya no alcanza. Ahí es donde la discusión técnica se transforma en un conflicto social.
En su señalamiento, la exfuncionaria acusó al ministro José Argueta de manipular los datos sobre los precios de los combustibles, una frase que elevó el tono del debate y colocó el tema en el terreno de la credibilidad pública. No fue una observación menor: fue una embestida directa a la narrativa gubernamental en un asunto que repercute semanalmente sobre millones de consumidores.
El trasfondo de sus declaraciones es potente. Moncada plantea que sin una reducción o eliminación de impuestos, sumada a subsidios efectivos, la presión seguirá cayendo sobre los ciudadanos. En otras palabras, el problema no terminará en la estación de servicio; seguirá caminando hasta los mercados, las pulperías, las rutas del transporte, las farmacias y cada hogar que hoy mide con angustia cuánto puede gastar.
La escena también deja una lectura política inevitable. El combustible se convierte otra vez en bandera, en campo de disputa y en termómetro del desgaste social. Mientras el Gobierno intenta sostener su relato, voces como la de Moncada apuestan por capitalizar el malestar acumulado en torno a un tema que toca a todos, sin excepción.
Así, la discusión sobre los impuestos a los combustibles vuelve al centro de la agenda pública con una fuerza emocional evidente. La población no solo escucha cifras; escucha el eco de su propia preocupación diaria. En ese ambiente, cualquier propuesta que prometa alivio inmediato gana atención, conversación y presión sobre quienes toman decisiones. Redacción Allan Cerrato.