Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — El sistema sanitario hondureño entra en una fase crítica tras la reactivación de asambleas médicas a nivel nacional, una medida que ha derivado en la suspensión de cirugías electivas además de consultas externas, elevando la tensión entre el gremio de salud frente a autoridades gubernamentales.
El movimiento surge como respuesta directa a lo que los profesionales califican como incumplimiento sistemático de acuerdos, situación que, según denuncian, ha dejado más de 400 médicos despedidos en apenas tres meses, junto a al menos 1,500 galenos sin salario, profundizando una crisis laboral sin precedentes recientes.
En el Hospital Mario Catarino Rivas, epicentro de la presión gremial, médicos confirmaron la continuidad de despidos incluso tras pactos previos. Denuncian procesos irregulares mediante notificaciones masivas, en ocasiones vía mensajes, sin respaldo documental formal, lo que incrementa la incertidumbre en el sector.
Aunque las áreas de emergencia operan con normalidad, la paralización de servicios no urgentes genera un impacto directo en miles de pacientes, quienes enfrentan retrasos en tratamientos, diagnósticos, además de intervenciones quirúrgicas programadas. Este escenario alimenta un creciente malestar social que comienza a reflejarse en plataformas digitales.
El gremio cuestiona con firmeza la contradicción entre un decreto de emergencia sanitaria vigente frente a decisiones administrativas que, lejos de fortalecer el sistema, debilitan su capacidad operativa. La narrativa oficial, aseguran, no coincide con la realidad hospitalaria.
Óscar Sánchez, portavoz del Colegio Médico de Honduras, defendió la legitimidad de las acciones, subrayando que responden a decisiones de la asamblea general, órgano máximo del gremio. Señaló que el último encuentro con autoridades, celebrado el 1 de abril, concluyó con acuerdos que no han sido respetados, especialmente en materia de reintegro laboral, pagos atrasados, además de revisión de procesos administrativos.
El conflicto trasciende hospitales, afectando a más de mil médicos vinculados a distintas dependencias estatales, incluyendo Secretaría de Salud, sistema 911, COPECO, además de otras instituciones públicas, quienes permanecen en un estado de alta vulnerabilidad laboral.
La presión del gremio no cederá, aseguran, hasta lograr respuestas concretas. Redacción Ruth Corrales.
