Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — En una cifra que sacude la conciencia colectiva, alrededor de 70 defensores han perdido la vida al proteger tierra, ambiente, territorio en Honduras entre 2020 hasta marzo de 2026, con más del 90% de impunidad, según datos del Conadeh. La revelación emerge en el marco del Día Mundial de la Tierra, encendiendo un debate urgente sobre la fragilidad del resguardo estatal ante una crisis que no cede.
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, Daniel Cáceres, lanzó un llamado firme al Estado para ejecutar investigaciones exhaustivas, bajo estándares de debido proceso con debida diligencia, frente a crímenes que permanecen sin castigo. La exigencia no es menor: se trata de restituir confianza en un sistema que, según expertos, falla en proteger vidas en riesgo extremo.
Cáceres subrayó que la responsabilidad estatal alcanza el 100%, al ser la única estructura con capacidad para garantizar condiciones seguras a quienes defienden recursos naturales. En su declaración, enfatizó que proteger a estos actores resulta clave para sostener el equilibrio ambiental en un país golpeado por conflictos territoriales.
El panorama resulta aún más crítico al considerar que Honduras figura como uno de los territorios más peligrosos en América para esta labor. Organismos internacionales han advertido que asumir la defensa ambiental equivale, en muchos casos, a enfrentar una amenaza constante contra la vida.
El alto nivel de impunidad revela una preocupante tolerancia institucional que agrava el riesgo. Cada caso sin resolver no solo deja una deuda con las víctimas, sino que además expone a nuevos defensores a escenarios de violencia sistemática.
En los últimos 75 meses, la violencia se ha concentrado en al menos 12 departamentos, con Colón (27 casos), Atlántida (10), además de Yoro (8) como epicentros de esta crisis. Este patrón territorial evidencia focos de conflicto donde la defensa del entorno natural se convierte en actividad de alto peligro.
A la par de los asesinatos, los defensores enfrentan amenazas, persecución, intimidación, procesos judiciales, agresiones físicas, así como campañas de difamación que buscan silenciar su labor. El impacto no solo afecta a individuos, sino que debilita redes comunitarias clave para la sostenibilidad ambiental. El mensaje final resuena con fuerza: defender la tierra no puede seguir costando vidas. Redacción Martha C.