Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Una nueva tormenta institucional sacude la infraestructura sanitaria de Honduras tras revelarse que los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara pasaron de un presupuesto original cercano a 3,200 millones de lempiras a una proyección de 7,500 millones, pese a que las obras no alcanzan ni el 30% de avance, de acuerdo con el ministro de la SIT, Aníbal Ehrler.
La cifra no solo incomoda: indigna. Porque mientras los costos se disparan, los hospitales siguen sin estar listos para atender a la población que esperaba una respuesta concreta a la crisis histórica del sistema de salud. El país vuelve a quedar frente a una escena conocida: promesas de infraestructura, contratos millonarios, obras paralizadas y ciudadanos pagando las consecuencias.
Ehrler explicó que la paralización de los proyectos, originada en el gobierno anterior, obligó a una revisión integral de los contratos. La decisión apunta directamente a los estudios previos, los procesos de contratación y las bases técnicas que permitieron que tres hospitales fueran concebidos con una cifra y terminaran requiriendo más del doble del monto inicialmente planteado.
El ministro detalló que ya se han pagado 2,000 millones de lempiras entre los tres centros hospitalarios. A esa suma se agregan 220 millones de lempiras en obligaciones pendientes que la actual administración debe enfrentar, elevando el compromiso financiero a 2,220 millones.
Pero el dato que enciende la crisis es otro: esos 2,220 millones de lempiras no representan ni siquiera el 30% de avance. Esa relación entre gasto y ejecución coloca el caso en una zona de máxima sensibilidad pública, porque la población necesita saber si hubo errores de cálculo, fallas de supervisión, debilidades contractuales o decisiones que hoy comprometen recursos fundamentales.
La Secretaría de Infraestructura y Transporte pidió al Tribunal Superior de Cuentas acompañar una auditoría forense y concurrente para evaluar la seguridad de ejecución de los proyectos. La medida busca establecer con claridad cómo fueron estructurados los contratos y qué tan confiables fueron los estudios que definieron los montos iniciales.
Sin embargo, el país no necesita solo auditorías anunciadas. Necesita resultados. Necesita saber quién autorizó, quién supervisó, quién recibió, quién pagó, quién falló y quién debe responder por una situación que involucra miles de millones de lempiras en infraestructura hospitalaria.
Los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara no son simples edificios. Son promesas de atención médica para regiones que requieren servicios públicos más cercanos, más humanos y más eficientes. Por eso, cada retraso tiene costo social; cada aumento presupuestario tiene peso político; cada contrato bajo sospecha erosiona la confianza del ciudadano.
La SIT también advirtió que todavía resta entre el 60% y 70% de ejecución para completar las obras. Esa cifra obliga a preguntarse si el Estado está ante proyectos financieramente sostenibles, técnicamente bien diseñados y socialmente justificables bajo las condiciones actuales.
El caso amenaza con convertirse en un símbolo de la fragilidad de la obra pública en Honduras: se anuncian proyectos ambiciosos, se comprometen recursos enormes, pero al final las comunidades siguen esperando resultados. Y cuando la salud está de por medio, la paciencia ciudadana se agota mucho más rápido.
El análisis “a conciencia” anunciado por la SIT deberá ir más allá del lenguaje burocrático. Debe convertirse en una revisión dura, documentada, transparente y pública. Porque si el Estado pretende invertir hasta 7,500 millones de lempiras, la ciudadanía tiene derecho a conocer cada detalle antes de que se comprometa más dinero.
La crisis ya está abierta. Ahora el desafío es evitar que se cierre con explicaciones débiles, informes archivados o responsabilidades diluidas. Honduras necesita una respuesta seria: o se corrige el rumbo con transparencia total, o estos hospitales quedarán marcados como otra gran promesa atrapada entre el costo millonario y el avance insuficiente.
La salud pública no admite improvisaciones. Cuando los hospitales cuestan más, avanzan menos y siguen sin servir al pueblo, la rendición de cuentas deja de ser una opción y se convierte en una obligación nacional. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com