Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La presencia de negocios chinos en Honduras entró de lleno al radar político del Congreso Nacional, luego de aprobarse una moción que ordena activar controles institucionales sobre el cumplimiento fiscal, comercial, aduanero y migratorio de estos establecimientos.
La decisión, respaldada con 81 votos, llega en medio de un ambiente de creciente preocupación entre comerciantes hondureños, sectores productivos y dirigentes políticos que advierten sobre la necesidad de garantizar competencia justa, pago de impuestos y respeto pleno a las leyes nacionales.
El diputado nacionalista Mario Pérez impulsó la iniciativa bajo el argumento de que el Estado debe actuar para proteger al comercio hondureño y revisar si los negocios de origen chino operan legalmente, cumplen con sus obligaciones tributarias y respetan las normas que rigen la actividad económica en el país.
El primer foco institucional será el Servicio de Administración de Rentas (SAR), que deberá verificar el comportamiento fiscal de estos comercios, su inscripción, declaraciones, pago de impuestos y cumplimiento de las obligaciones que corresponden a toda actividad comercial formal.
La moción también apunta hacia la Administración Aduanera de Honduras, responsable de revisar si los productos importados desde China ingresan al país conforme a la ley, si pagan los aranceles respectivos y si no existen distorsiones que puedan afectar a los comerciantes nacionales.
En una dimensión más amplia, el Congreso pidió la intervención del Banco Central de Honduras, para observar posibles salidas de divisas hacia China, un punto que añade presión al debate sobre cuánto dinero generan estos negocios en Honduras y cuánto permanece realmente dentro de la economía nacional.
La Secretaría de Industria y Comercio tendrá un papel clave en la revisión de permisos, supervisión de productos, condiciones de mercado y posibles prácticas que puedan afectar la competencia equilibrada frente a negocios hondureños.
Además, el Instituto Nacional de Migración deberá revisar la situación legal de los propietarios de estos establecimientos, una acción que convierte la moción en un mecanismo de supervisión integral sobre legalidad, permanencia y operación comercial.
El debate tomó mayor fuerza cuando el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, advirtió que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, durante el gobierno de LIBRE, los departamentos de Choluteca y Valle han sufrido un fuerte golpe económico.
Zambrano afirmó que la falta de acuerdos comerciales favorables afectó al sector camaronero del sur, provocando el cierre de empresas y la pérdida aproximada de 15 mil empleos, una cifra que encendió el tono político dentro del Legislativo.
Según el congresista, Honduras no logró asegurar que China comprara el camarón hondureño bajo condiciones similares a las que antes existían con Taiwán, lo que, a su juicio, terminó castigando a miles de familias vinculadas al empleo camaronero.
La moción, por tanto, se convierte en una señal política de presión hacia varias instituciones del Estado, pero también en una advertencia sobre el costo de tomar decisiones diplomáticas sin blindaje comercial suficiente para los productores nacionales.
El diputado Cárlenton Dávila, del Pinu-SD, acompañó la idea de proteger a los comerciantes hondureños, aunque pidió actuar con equilibrio para que la regulación no se convierta en un obstáculo económico ni en una medida que termine afectando el dinamismo comercial.
La discusión deja claro que el país enfrenta una tensión de fondo entre apertura comercial, soberanía económica, defensa del empleo y control institucional. La clave estará en si las autoridades aplican la ley con firmeza, sin selectividad, sin abusos y sin discursos vacíos.
Honduras necesita reglas claras para todos: para el inversionista extranjero, para el comerciante nacional y para cada ciudadano que espera un Estado capaz de defender la economía sin improvisar. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com