Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El posible proyecto de ley para declarar la energía, el agua potable y las telecomunicaciones como asuntos de seguridad nacional amenaza con abrir una discusión incómoda para el gobierno de Nasry Asfura: si estos servicios son vitales para Honduras, entonces alguien debe responder por años de abandono, desorden, crisis y promesas incumplidas.

La iniciativa podría convertirse en una de las reformas más confrontativas del nuevo escenario político, porque toca áreas donde la población no necesita explicaciones técnicas para entender el problema. Lo vive cada día cuando falta el agua, sube el recibo eléctrico o falla la conectividad.

El punto de quiebre es claro: declarar estos sectores como estratégicos no puede ser un acto simbólico. Si el Gobierno da ese paso, tendrá que demostrar que está dispuesto a enfrentar intereses, corregir estructuras, exigir resultados y colocar a las mayorías por encima de la comodidad burocrática.

La presión ciudadana viene desde abajo. Viene de las familias que pagan más por servicios deficientes. Viene de los barrios que sobreviven con horarios de agua. Viene de pequeños negocios que pierden dinero cuando falla la energía. Viene de estudiantes que dependen de internet para aprender. Viene de un país cansado de escuchar diagnósticos sin soluciones.

Por eso, la eventual propuesta no solo incomodaría al Gobierno: también incomodaría al sistema político completo. Porque si el agua, la luz y las telecomunicaciones son prioridad nacional, entonces ninguna institución puede seguir lavándose las manos.

La energía eléctrica se ha convertido en uno de los nervios más sensibles de la economía hondureña. Su impacto golpea hogares, industrias, comercios, hospitales, centros educativos y emprendimientos. No hay crecimiento posible cuando el país vive atrapado entre costos altos, incertidumbre operativa y reclamos ciudadanos.

El agua potable representa una herida social todavía más profunda. No hay discurso moderno que resista frente a una familia que no tiene agua suficiente para vivir con dignidad. Ningún gobierno puede hablar de transformación nacional mientras comunidades enteras siguen esperando un servicio básico.

Las telecomunicaciones son el nuevo campo de poder. Quien no tiene conectividad queda fuera de la educación digital, la economía moderna, la banca móvil, la información inmediata, el comercio electrónico y las oportunidades del siglo XXI.

En ese contexto, Asfura tendría una decisión que puede marcar el tono de su administración: gobernar para administrar problemas o gobernar para confrontarlos.

La diferencia no es menor. Administrar problemas significa dejar que todo siga bajo el mismo desgaste. Confrontarlos implica incomodar, revisar, ordenar, exigir, sancionar y construir una ruta nacional con resultados visibles.

El pueblo hondureño no está pidiendo privilegios. Está pidiendo servicios básicos. Está pidiendo que el Estado deje de ser débil frente a lo esencial. Está pidiendo que la política deje de proteger zonas cómodas mientras la ciudadanía carga con las consecuencias.

Si la propuesta llega al Consejo de Ministros y luego al Congreso Nacional, el debate podría encender una verdadera tormenta institucional. No solo se discutirá una ley. Se discutirá quién manda sobre los servicios estratégicos, quién responde por sus fallas y quién se atreve a cambiar un modelo que no ha satisfecho a las mayorías.

El Gobierno deberá evitar caer en la trampa del anuncio espectacular. Una declaratoria de seguridad nacional sin resultados sería políticamente peligrosa. La gente no quiere titulares oficiales; quiere agua en la llave, energía confiable, internet estable y tarifas que no destruyan el bolsillo.

También deberá garantizar que la figura de seguridad nacional no sea utilizada para cerrar información, concentrar decisiones o reducir controles. Una reforma fuerte necesita transparencia fuerte. Una ley de alto impacto necesita vigilancia pública. Una medida sensible necesita límites claros.

Ahí radica la presión más incómoda para el poder: el país exige firmeza, pero no cheque en blanco. Exige autoridad, pero no opacidad. Exige cambios, pero no improvisación. Exige defensa del interés nacional, pero con respeto a los derechos ciudadanos.

El Congreso Nacional quedará obligado a definirse. No bastará con discursos patrióticos. Cada bancada tendrá que decir si está dispuesta a respaldar una reforma que proteja servicios vitales o si convertirá el tema en otra batalla partidaria mientras la población sigue esperando respuestas.

Esta discusión puede convertirse en una crisis necesaria. Una crisis que obligue al Gobierno a salir de la zona cómoda. Una crisis que obligue a las instituciones a rendir cuentas. Una crisis que le recuerde al poder que la paciencia ciudadana tiene límite.

El presidente Nasry Asfura tiene ante sí una oportunidad de alto riesgo: transformar el clamor popular en una política de Estado o quedar atrapado en la misma lógica de anuncios fuertes sin efectos reales.

El cierre ciudadano es contundente: Honduras no necesita más gobiernos que expliquen el problema con elegancia. Necesita un Gobierno que se atreva a incomodar, corregir y responder. Porque cuando fallan el agua, la energía y la conectividad, no falla un servicio; falla el Estado frente a su pueblo. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com