Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Salvador Nasralla entró en una zona de máxima presión política luego que Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, negara de forma categórica que el partido haya autorizado cuentas en el exterior para recibir fondos de campaña.
La declaración no es menor: coloca al excandidato frente a una pregunta que puede detonar una crisis mayor dentro del liberalismo. Si el CCEPL no aprobó esas cuentas, entonces el país necesita saber quién manejó los recursos, bajo qué autorización, con qué controles y por qué esos fondos no pasaron por la ruta institucional del partido.
Contreras fue frontal. Aseguró que el Partido Liberal nunca autorizó aperturas de cuentas en Estados Unidos ni en posibles paraísos fiscales. Esa frase deja a Nasralla políticamente aislado en un caso que ya investiga el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas y el posible traslado de recursos electorales hacia cuentas personales.
El golpe interno es fuerte porque viene desde la propia presidencia del CCEPL. No se trata de un ataque externo, ni de una lectura de adversarios políticos. Es el partido marcando distancia de su figura más visible en medio de una investigación delicada.
Contreras aseguró que el Partido Liberal manejó 42 millones de lempiras mediante canales oficiales, con respaldo documental ante la Unidad de Política Limpia. También señaló que Nasralla habría preferido administrar sus fondos de forma independiente, sin confiar en la estructura liberal.
Ahí nace el punto más peligroso del caso.
Si el dinero fue manejado como persona natural, Nasralla enfrentaría límites distintos a los de una institución política. Esa diferencia puede ser clave para entender por qué el expediente del Ministerio Público ha ganado tanta fuerza y por qué el caso ya no es solo contable, sino una posible crisis de transparencia electoral.
El liberalismo intenta levantar un muro de separación: una cosa son las cuentas del partido, otra las decisiones financieras de Nasralla. Pero ese muro también deja una imagen dura para la militancia: el excandidato queda solo en el centro de una tormenta que puede crecer si no presenta explicaciones sólidas.
La crisis también golpea la confianza del votante liberal. En un país donde el financiamiento político siempre despierta sospechas, cualquier sombra sobre fondos de campaña puede convertirse en munición electoral, fractura interna y desgaste público.
Ahora el caso está en manos del Ministerio Público. Pero la presión ya se instaló en la calle, en las redes y en la conversación nacional: si todo fue legal, que se demuestre con papeles; si no lo fue, que responda quien tenga que responder.
El dinero electoral no puede caminar en silencio. En democracia, cada lempira de campaña debe tener origen claro, ruta visible y responsable directo. —Redacción Hansell O.