Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Gobierno entra en una zona políticamente explosiva con la reforma eléctrica. Bajo el argumento de convertir la energía en un asunto de Seguridad Nacional, la administración queda obligada a responder una pregunta que puede detonar una crisis de confianza: ¿va a proteger la ENEE como patrimonio del pueblo hondureño o va a abrir la puerta para repartirla en pedazos?.
La reforma puede ser necesaria, pero no puede ser ciega. No puede aprobarse entre discursos técnicos, promesas de modernización y frases patrióticas si no deja absolutamente claro que los bienes del Estado serán protegidos, asegurados, auditados y convertidos en empresas rentables.
La ENEE no es un botín.
La ENEE no es una herencia para repartir.
La ENEE no es una empresa cualquiera.
Es un activo estratégico de Honduras.
Si el Gobierno quiere blindar la energía como Seguridad Nacional, entonces debe comenzar por blindar los activos públicos contra la corrupción, contra la captura política, contra los contratos oscuros, contra las privatizaciones silenciosas y contra cualquier intento de disfrazar la entrega del sistema bajo el lenguaje de la eficiencia.
El país ya conoce esa historia. Primero se habla de crisis. Luego se habla de modernización. Después se crean nuevas figuras. Más tarde aparecen contratos, operadores, concesiones, alianzas y estructuras difíciles de fiscalizar. Al final, el pueblo descubre que lo rentable cambió de manos y lo quebrado quedó como carga pública.
Eso no puede repetirse.
Una reforma eléctrica seria debe tener una línea roja: ningún bien estratégico del Estado debe ser entregado sin debate nacional, auditoría pública, valoración técnica, control legislativo y garantías de protección patrimonial.
El Gobierno tiene la responsabilidad de asegurar plantas, redes, subestaciones, contratos, terrenos, infraestructura, equipos, sistemas, datos, derechos operativos y toda propiedad vinculada al sistema eléctrico. No basta con decir que la energía es estratégica. Hay que tratarla como estratégica.
Eso significa poner orden.
Significa limpiar la administración.
Significa reducir pérdidas.
Significa cortar el robo de energía.
Significa revisar contratos.
Significa profesionalizar juntas directivas.
Significa sacar la política partidaria de las decisiones técnicas.
Significa hacer que cada unidad de la ENEE produzca resultados y no pérdidas eternas.
El Estado no debe renunciar a sus bienes. Debe hacerlos funcionar.
Esa es la discusión que el Gobierno parece no querer enfrentar con suficiente claridad: una empresa pública no se rescata entregándola, se rescata administrándola bien.
Si la reforma propone dividir la ENEE en generación, transmisión y distribución, el país debe saber si esa separación será para mejorar control financiero o para preparar el terreno a futuros negocios privados. La diferencia es enorme. Una cosa es ordenar. Otra cosa es desmembrar.
La ciudadanía tiene derecho a saber si las nuevas empresas serán verdaderamente públicas, si tendrán autonomía técnica, si estarán blindadas contra cuotas políticas, si sus estados financieros serán públicos, si sus autoridades serán nombradas por mérito o por reparto, y si sus utilidades serán reinvertidas en el sistema eléctrico nacional.
Porque si van a ser empresas del Estado, deben comportarse como empresas: eficientes, productivas, transparentes y rentables.
No como cajas políticas.
No como refugios burocráticos.
No como instrumentos de campaña.
No como plataformas de contratación partidaria.
La energía debe protegerse porque sin electricidad estable no hay economía fuerte. No hay hospitales funcionales. No hay escuelas modernas. No hay inversión seria. No hay seguridad industrial. No hay desarrollo.
Por eso el Gobierno debe entender la gravedad del momento: declarar la energía como Seguridad Nacional no le da permiso para actuar sin explicaciones. Al contrario, lo obliga a explicar más, publicar más, transparentar más y rendir más cuentas.
Si el Ejecutivo quiere confianza, debe presentar un mapa completo de la reforma: activos protegidos, deudas heredadas, inversiones requeridas, fuentes de financiamiento, impacto tarifario, riesgos para el Estado, mecanismos de fiscalización y límites claros a cualquier participación privada.
Sin eso, la reforma nacerá bajo sospecha.
Y una reforma bajo sospecha puede incendiar el debate nacional.
El Congreso Nacional también tendrá que asumir su responsabilidad. No puede aprobar una ley de este tamaño como si fuera un simple trámite administrativo. Debe exigir candados. Debe proteger el patrimonio público. Debe impedir que la palabra modernización se convierta en sinónimo de entrega.
Honduras no necesita una ENEE maquillada. Necesita una ENEE rentable.
No necesita nuevas siglas. Necesita resultados.
No necesita discursos de rescate. Necesita administración seria.
No necesita vender lo estratégico. Necesita defenderlo.
La reforma eléctrica debe desafiar al Gobierno a demostrar si realmente cree en el Estado o si solo usa el discurso público mientras prepara estructuras que podrían favorecer intereses privados.
La crisis de la ENEE no debe convertirse en la excusa perfecta para entregar el corazón eléctrico del país. Debe convertirse en el punto de partida para recuperar soberanía, eficiencia y confianza.
El Gobierno queda emplazado ante Honduras: si la energía será Seguridad Nacional, entonces la ENEE debe ser protegida como patrimonio nacional, asegurada contra la corrupción y transformada en una empresa rentable. Cualquier intento de disfrazar una entrega en pedazos provocará una crisis política de alto voltaje. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com