Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La discusión sobre la reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se transformó en una bomba política para el Gobierno y el Congreso Nacional. Lo que se intenta presentar como modernización y rescate institucional ahora enfrenta una pregunta que recorre Honduras con fuerza creciente: por qué existe tanto interés en la ENEE, una empresa quebrada y endeudada, mientras HONDUTEL sigue abandonada sin el mismo respaldo estatal.
La ciudadanía no está obligada a creer por fe. El Gobierno puede repetir que no hay privatización, que no se venderán represas, que no se tocarán redes y que el patrimonio seguirá en manos del Estado. Pero el país ya aprendió que las grandes decisiones no siempre se anuncian por su nombre verdadero. Muchas veces el control no se pierde con una venta directa, sino mediante contratos, concesiones, administración compartida, deuda, compromisos técnicos o reformas que cambian el poder real dentro de una institución.
Ese es el punto que incomoda.
La ENEE está en crisis. Eso nadie lo niega. Ha sido golpeada por pérdidas, deudas, improvisación, mala administración y años de decisiones equivocadas. Pero precisamente por eso la pregunta se vuelve más fuerte: si es una empresa tan dañada, por qué el Gobierno la coloca en el centro de su agenda con tanta urgencia.
En política y en negocios, nada se mueve sin interés. Y cuando una empresa pública quebrada comienza a despertar atención, respaldo, discurso oficial, acompañamiento internacional y presión legislativa, el pueblo tiene derecho a sospechar.
La ENEE sigue siendo una mina estratégica de poder estatal. No por sus balances financieros, sino por lo que controla: energía, contratos, tarifas, generación, distribución, infraestructura, consumo nacional y decisiones que afectan al ciudadano desde el recibo de luz hasta el costo de vida.
Por eso el Gobierno y el Congreso Nacional deben dejar de pedir confianza y empezar a entregar documentos. El país necesita saber qué se está negociando, qué se quiere aprobar, quiénes participarían, qué papel tendrían inversionistas, qué obligaciones asumiría el Estado y qué mecanismos impedirán que el pueblo termine pagando el supuesto rescate.
Porque decir “no se privatiza” no es suficiente.
También debe decirse si se entregarán funciones. Si habrá operadores externos. Si se abrirán nuevas rutas de contratación. Si el control operativo cambiará. Si la deuda aumentará. Si las tarifas podrían verse afectadas. Si el Congreso aprobará una reforma con impacto directo en la vida nacional sin explicar hasta la última coma.
La comparación con HONDUTEL vuelve todavía más explosiva la discusión.
HONDUTEL también es una empresa estatal. También representa patrimonio del pueblo. También fue clave en la historia institucional del país. También ha sufrido deterioro, abandono, pérdida de competitividad y una falta evidente de visión pública. Sin embargo, no se ve el mismo entusiasmo del Gobierno por rescatarla.
No hay la misma intensidad. No hay la misma campaña. No hay la misma presión. No hay el mismo sentido de urgencia. No hay el mismo interés político.
Entonces la pregunta debe sacudir al país: por qué el Estado parece mirar con lupa a la ENEE, pero con indiferencia a HONDUTEL.
Si el argumento oficial es defender lo público, entonces la defensa debe ser completa. No puede haber rescates selectivos. No puede haber modernización solo donde existe un negocio eléctrico gigantesco. No puede haber patriotismo institucional para una empresa y abandono silencioso para otra.
HONDUTEL podría ser parte de una estrategia nacional de conectividad, internet público, tecnología, educación digital, comunicación estatal y soberanía en telecomunicaciones. Pero mientras la ENEE concentra la atención del poder, HONDUTEL queda como símbolo de una pregunta más dura: será que no interesa rescatar empresas públicas, sino controlar las que todavía mueven negocios enormes.
El Congreso Nacional no puede hacerse el desentendido. Cada diputado debe responder ante su departamento, ante sus votantes y ante la historia. Aprobar una reforma de alto impacto sin exigir transparencia total sería una señal peligrosa para un país cansado de decisiones tomadas a espaldas del ciudadano.
Honduras no necesita diputados levantando la mano sin leer, sin explicar y sin defender al pueblo. Honduras necesita representantes que se planten frente al Ejecutivo y exijan claridad absoluta antes de tocar una institución estratégica.
El Gobierno también debe entender que la comunicación oficial ya no basta. Las frases bonitas no sustituyen la rendición de cuentas. Los comunicados no reemplazan la transparencia. Los respaldos técnicos no anulan el derecho ciudadano a cuestionar. Y la palabra modernización no puede convertirse en una llave maestra para abrir negocios sin vigilancia pública.
Si la reforma es buena, que la publiquen completa. Si protege al pueblo, que lo demuestren con documentos. Si no privatiza, que expliquen cada mecanismo. Si no entrega control, que lo garanticen por escrito. Si no habrá costos ocultos, que lo digan con números claros.
Pero mientras eso no ocurra, la crisis política seguirá creciendo.
Porque Honduras ya está preguntando lo que el poder no quiere responder: por qué tanto interés en la ENEE si está quebrada, por qué tanto silencio con HONDUTEL si también es patrimonio nacional, y quiénes podrían aparecer alrededor de este proceso como ya ocurre con los grandes negocios del Estado.
La avalancha ciudadana no nace del odio. Nace del cansancio. Nace de los apagones, de las facturas, de la deuda, de la corrupción histórica, del abandono institucional y de la sensación de que el pueblo siempre paga mientras otros deciden.
La ENEE no puede ser tratada como botín político, ni HONDUTEL como cadáver administrativo. Ambas pertenecen al Estado, pero sobre todo pertenecen al pueblo hondureño.
Y cuando el pueblo empieza a sospechar que el rescate de una empresa puede esconder algo más grande, el Gobierno y el Congreso Nacional tienen una sola salida: abrir la verdad completa o cargar con el costo político de su silencio.
Honduras debe exigir respuestas antes de que una reforma presentada como salvación termine convertida en otro capítulo de control, deuda y negocios sobre el patrimonio público. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com