Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El presidente Nasry Asfura dijo desde Panamá que Honduras “se está desangrando” con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE. La frase es fuerte, pero también peligrosa para su propio Gobierno, porque si la estatal se desangra, el país no solo necesita una reforma: necesita saber quiénes la cortaron, quiénes la drenaron y quiénes siguen rondando la herida.
La ENEE no es una empresa cualquiera. Es el corazón eléctrico del país. Es dinero público. Es seguridad energética. Es competitividad. Es industria. Es empleo. Es factura familiar. Es inversión. Es política. Es poder.
Por eso cualquier reforma que toque su estructura debe ser tratada como un asunto de seguridad nacional, no como un trámite legislativo negociado entre pasillos, bancadas, asesores y grupos interesados.
El Gobierno asegura que la reforma busca fortalecer la ENEE, reducir pérdidas, reorganizar la estatal, robustecer la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE, y crear un Operador del Sistema y Mercado, OSM, independiente y técnico.
Pero Honduras tiene derecho a desconfiar.
Tiene derecho porque ya vio llegar operadores con promesas de eficiencia.
Tiene derecho porque ya vio contratos vendidos como soluciones.
Tiene derecho porque ya escuchó que las pérdidas serían reducidas.
Tiene derecho porque ya pagó el costo de experimentos que no cerraron la herida.
Tiene derecho porque nombres como SEMEH y Empresa Energía Honduras, EEH, todavía pesan sobre la memoria eléctrica nacional.
Y tiene derecho porque la ENEE ha sido, durante años, uno de los escenarios donde más se mezclan política, negocios, urgencia, opacidad y deuda pública.
La pregunta que el Gobierno no quiere escuchar es simple: ¿van a rescatar la ENEE o van a reordenar el negocio alrededor de la ENEE?
Esa es la línea roja.
Porque una cosa es modernizar una empresa pública. Otra muy distinta es rediseñar su estructura para que nuevos operadores, viejos intereses o grupos reciclados encuentren otra forma de entrar al sistema.
El presidente respondió que la ENEE pertenece a cada hondureño y que no será privatizada. La frase busca calmar. Pero en Honduras la privatización no siempre se anuncia con pancartas. A veces se esconde en contratos técnicos, modelos operativos, tercerizaciones, fideicomisos, consultorías, cobros, mediciones y administración de flujos financieros.
Por eso no basta con decir que el Estado seguirá siendo propietario.
La gran pregunta es quién tendrá el control real.
¿Quién operará?
¿Quién medirá?
¿Quién cobrará?
¿Quién decidirá?
¿Quién auditará?
¿Quién manejará la información?
¿Quién tendrá acceso al flujo financiero?
¿Quién influirá en el OSM?
¿Quién presionará a la CREE?
¿Quién llegará con historial limpio?
¿Quién llegará con pasado vinculado a los fracasos que hundieron a la ENEE?
El Gobierno debe responder antes de pedir votos.
El Congreso debe exigir antes de aprobar.
Y la ciudadanía debe vigilar antes de que sea tarde.
Porque si algo ha demostrado la historia eléctrica hondureña es que la crisis de la ENEE no solo destruye finanzas públicas. También crea oportunidades para quienes saben lucrarse del desorden.
Esa es la parte que incomoda.
Mientras la ENEE pierde, alguien gana.
Mientras el Estado se endeuda, alguien factura.
Mientras la ciudadanía paga tarifas, alguien cobra contratos.
Mientras se promete eficiencia, alguien administra el fracaso.
Mientras se culpa al pasado, alguien prepara el siguiente negocio.
Por eso, hablar de reforma sin hablar de enriquecimiento alrededor de la crisis eléctrica es contar solo la mitad de la historia.
La otra mitad está en los contratos.
Está en las mediciones.
Está en las pérdidas.
Está en la mora.
Está en los operadores.
Está en las empresas.
Está en los funcionarios.
Está en quienes supervisaron sin impedir el deterioro.
Está en quienes usaron la ENEE como caja política, como plataforma de negocios o como puente de poder.
La reforma energética no debe iniciar con discursos. Debe iniciar con una auditoría pública y profunda de todo el ecosistema eléctrico hondureño.
Debe revisarse SEMEH.
Debe revisarse EEH.
Deben revisarse los resultados de cada contrato.
Deben publicarse las cifras de pérdidas.
Deben identificarse los responsables técnicos y políticos.
Deben transparentarse los pagos.
Deben exponerse las fallas de supervisión.
Deben conocerse los beneficiarios de cada etapa del modelo eléctrico.
Sin eso, la reforma puede convertirse en una operación de maquillaje: cambia el uniforme, cambia el logo, cambia el nombre del operador, cambia el lenguaje, pero el fondo sigue intacto.
Y si el fondo sigue intacto, Honduras volverá a perder.
Asfura pidió paciencia y confianza. También dijo que quien no trabaje a su ritmo no puede estar con él. Esa advertencia debe aplicarse primero dentro de la crisis energética.
Si hay funcionarios lentos, fuera.
Si hay operadores reciclados, fuera.
Si hay asesores con intereses cruzados, fuera.
Si hay empresas con pasado oscuro, fuera.
Si hay políticos usando la ENEE como moneda de negociación, fuera.
Si hay técnicos que responden a grupos privados antes que al Estado, fuera.
Porque la ENEE no resiste otra ronda de simulación.
El mandatario se encuentra en Panamá participando en la 56.ª Asamblea General de la OEA y en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826. También habló de cooperación internacional, integración continental, seguridad, inteligencia, comercio, salud y educación.
Pero el desafío que puede marcar su gobierno no está en el discurso internacional. Está en demostrar si tiene el valor político de tocar los intereses que han vivido durante años alrededor de la ENEE.
La crisis eléctrica puede convertirse en el primer gran incendio político de su administración si la reforma llega al Congreso sin claridad total.
Porque no se trata solo de aprobar una ley.
Se trata de decidir quién controla el sistema eléctrico hondureño.
Se trata de definir si la ENEE será rescatada o repartida.
Se trata de saber si los errores de SEMEH y EEH serán investigados o barridos bajo la alfombra.
Se trata de confirmar si el Estado recuperará autoridad o si solo cambiará el nombre de quienes mandan desde afuera.
Se trata de saber si el Gobierno enfrentará a los grupos de poder o si terminará pactando con ellos.
El país no puede aceptar una reforma energética sin una lista negra institucional de quienes fallaron, incumplieron o se beneficiaron del colapso.
No puede aceptar nuevos operadores sin revisión de antecedentes.
No puede aceptar discursos de salvación sin contratos abiertos.
No puede aceptar que el Congreso apruebe a ciegas.
No puede aceptar que la ENEE siga siendo la finca financiera de quienes entran pobres al debate público y salen enriquecidos alrededor de la crisis.
Aquí está el punto más incómodo: si Honduras se está desangrando con la ENEE, entonces el Gobierno debe dejar de hablar solo de la sangre y empezar a señalar la mano que la derrama.
La ciudadanía no necesita más frases solemnes.
Necesita responsables.
Necesita documentos.
Necesita auditorías.
Necesita castigos.
Necesita blindajes.
Necesita saber que los mismos actores con distintos nombres no volverán a controlar el sistema eléctrico.
Porque el país ya pagó demasiado por creer.
Pagó con deuda.
Pagó con apagones.
Pagó con tarifas.
Pagó con incertidumbre.
Pagó con una estatal debilitada.
Pagó con años de excusas.
Pagó con promesas que terminaron convertidas en nuevas crisis.
La ENEE puede ser rescatada, pero no desde la ingenuidad.
Puede ser modernizada, pero no desde la opacidad.
Puede ser reorganizada, pero no para entregar sus partes más sensibles a intereses que ya fallaron.
Puede ser fortalecida, pero solo si el Gobierno tiene la valentía de cerrar la puerta a los mismos de siempre.
La reforma energética debe incomodar a todos: al Gobierno, al Congreso, a los operadores, a los contratistas, a los políticos, a los asesores y a quienes se han enriquecido alrededor del desastre.
Si no incomoda a nadie, no es reforma. Es continuidad. Y si es continuidad, la ENEE no dejará de desangrarse. Solo cambiará de verdugo. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com