Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La declaración de María Antonieta Mejía sobre supuestos robos de medicamentos cometidos por médicos en hospitales públicos sacudió la agenda nacional, pero también abrió una contrapregunta de alto voltaje político: ¿alzará la voz con la misma fuerza por los escándalos de salud asociados a gobiernos azules, donde Honduras vio desfilar contratos cuestionados, compras opacas, hospitales móviles sobrevalorados, mascarillas con precios bajo sospecha, medicinas vencidas y el recuerdo indignante de las llamadas pastillas de harina?
La acusación es grave y debe investigarse. Pero la salud pública hondureña no puede ser discutida desde una sola esquina. Si se pretende hablar de medicinas robadas, el debate debe incluir la cadena completa del saqueo sanitario: desde la compra hasta la bodega, desde el proveedor hasta el funcionario, desde la farmacia del hospital hasta el despacho donde se firmaron contratos que luego terminaron bajo cuestionamiento nacional.
Honduras no olvidó. No olvidó los hospitales móviles que se vendieron como solución y terminaron convertidos en símbolo de una de las etapas más oscuras de la administración pública. No olvidó las compras de emergencia. No olvidó los insumos sobrevalorados. No olvidó los contratos que dejaron más preguntas que respuestas. No olvidó a los pacientes esperando atención mientras el dinero público se movía entre intermediarios, empresas, funcionarios y decisiones marcadas por sospecha.
Por eso, el país tiene derecho a exigir coherencia. Si María Antonieta denuncia a médicos, también debe pronunciarse sobre quienes desde el poder político administraron la salud pública durante años y permitieron que el sistema se debilitara hasta niveles dramáticos. La indignación no puede ser selectiva. La denuncia no puede mirar solo al hospital y esquivar los escritorios donde se aprobaron compras millonarias.
La contraparte es clara: los médicos deben responder si existen pruebas de robo, pero los gobiernos también deben responder por los contratos, los pagos, los proveedores, las auditorías débiles y las decisiones que convirtieron la salud en una de las áreas más golpeadas por la desconfianza ciudadana.
El daño no fue abstracto. Cada medicamento vencido, cada compra irregular, cada insumo sobrevalorado, cada hospital prometido que no funcionó como debía y cada contrato bajo sospecha representó una bofetada contra pacientes reales. Personas enfermas. Familias desesperadas. Hondureños que llegaron a los hospitales esperando una respuesta mínima del Estado y encontraron abandono, escasez o indiferencia.
Por eso, reducir la crisis a “médicos que se roban medicamentos” puede sonar duro, pero queda corto. El problema sanitario hondureño es más profundo. Tiene raíces políticas, administrativas, presupuestarias y morales. Hay que revisar inventarios, sí. Hay que auditar farmacias, sí. Hay que investigar personal hospitalario, sí. Pero también hay que revisar los grandes contratos, las compras directas, los proveedores repetidos, los expedientes engavetados y las responsabilidades de quienes gobernaron cuando la salud pública fue convertida en negocio.
La pregunta que queda instalada es inevitable: ¿por qué algunas voces se encienden contra el personal médico, pero bajan el tono cuando se trata de tocar intereses políticos vinculados a los gobiernos azules? ¿Por qué la indignación aparece fuerte frente al hospital, pero no siempre frente a las estructuras que manejaron millones en nombre de la emergencia nacional?
El actual gobierno tampoco queda libre de presión. Si hoy existen robos, pérdidas, desorden o falta de control en los hospitales, debe demostrar que tiene capacidad para corregir, sancionar y transparentar. No puede usar los escándalos del pasado como excusa eterna. Pero tampoco se puede borrar la responsabilidad histórica de quienes dejaron una huella de contratos oscuros y decisiones que todavía pesan sobre la salud pública.
Honduras necesita escuchar a María Antonieta hablar completo. Hablar de médicos, pero también de exfuncionarios. Hablar de farmacias hospitalarias, pero también de proveedores. Hablar de medicinas desaparecidas, pero también de hospitales móviles, mascarillas sobrevaloradas, medicamentos vencidos y pastillas de harina. Hablar de la crisis actual, pero sin borrar los crímenes administrativos que marcaron la salud durante gobiernos nacionalistas.
Porque cuando la salud se roba, no solo se roba dinero. Se roba tiempo de vida. Se roba tratamiento. Se roba confianza. Se roba dignidad. Se roba la posibilidad de que un paciente pobre encuentre alivio en un hospital público.
Y si Honduras va a abrir esta discusión, debe abrirla sin miedo, sin protección partidaria y sin doble moral. La salud no puede seguir siendo el botín de unos, el discurso de otros y la tragedia diaria de los pacientes.
Cierre: El país no necesita indignación a medias; necesita una verdad completa que alcance a médicos, funcionarios, exgobiernos, proveedores y toda estructura que haya tocado la salud para convertirla en negocio. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com