Tegucigalpa, Honduras.-  La demora en la aprobación de reformas al sector energético continúa generando preocupación entre sectores de sociedad civil. Este jueves, el experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Edgar Aguilar, reiteró que por cada día sin actividad legislativa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) registra pérdidas estimadas en 50 millones de lempiras.

De acuerdo con el especialista, tras ocho días de pausa legislativa el impacto económico acumulado ya supera los 400 millones de lempiras, una cifra que, según explicó, podría representar recursos suficientes para ejecutar proyectos de infraestructura, fortalecer el sistema hospitalario o ampliar la cobertura educativa en distintas regiones del país.

Aguilar señaló que el problema energético trasciende las cifras financieras debido a que Honduras mantiene uno de los escenarios más complejos de la región en materia de interrupciones eléctricas, tanto por frecuencia como por duración de los cortes de energía.

El analista sostuvo que las pérdidas constantes dentro de la estatal terminan reflejándose en mayores presiones fiscales, recursos públicos comprometidos e impacto directo sobre la ciudadanía, debido a que el déficit finalmente debe ser absorbido mediante fondos estatales.

Ante este panorama, hizo un llamado al Congreso Nacional para acelerar la discusión de las reformas orientadas a transformar el sistema energético nacional.

Actualmente, el Poder Ejecutivo impulsa una propuesta integral que busca fortalecer institucionalmente a la ENEE, reducir pérdidas operativas, mejorar la gobernanza del sistema eléctrico e incrementar la eficiencia en la prestación del servicio.

La iniciativa incorpora asistencia técnica internacional e incluye medidas aplicadas previamente en otros mercados energéticos de la región. Entre los principales cambios destaca el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) con independencia técnica, así como una modernización estructural dentro de la ENEE.

Asimismo, el proyecto establece que el Estado conservará la propiedad de las empresas derivadas de la reorganización institucional, manteniendo vigentes los subsidios sociales para sectores vulnerables mediante mecanismos de financiamiento con mayores niveles de transparencia.

El debate sobre el futuro energético del país continúa posicionándose como uno de los temas de mayor impacto económico, social e institucional para Honduras, mientras diversos sectores exigen decisiones que permitan frenar pérdidas millonarias y garantizar estabilidad en el suministro eléctrico. Redacción Wendoly V

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