Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El aumento a la tarifa eléctrica abre un frente de alta presión contra el poder Ejecutivo y deja a Nasry Asfura ante una tormenta que no puede despacharse como simple trámite técnico: la luz sube, el pueblo paga y la responsabilidad política comienza a apuntar hacia Casa Presidencial.
La CREE puede explicar fórmulas, metodologías y revisiones tarifarias. Pero su adscripción administrativa a la Presidencia convierte el ajuste en un tema mucho más grande que una decisión regulatoria. En la calle, el mensaje se lee de forma más directa: si el recibo sube bajo este Gobierno, el golpe se le cobra al Ejecutivo.
Ese es el punto que incomoda al poder.
El nuevo trancazo energético no llega en el vacío. Llega sobre una población cansada de facturas altas, salarios que no ajustan, negocios presionados por costos operativos y una ENEE que sigue representando una de las mayores deudas políticas del Estado hondureño.
El ciudadano común no entra al detalle de la estructura tarifaria. No estudia expedientes técnicos. No calcula variables de generación, distribución o mercado eléctrico. El ciudadano mira el recibo, compara su ingreso y entiende una sola cosa: la energía volvió a subir.
Ahí se rompe el discurso oficial.
Porque mientras la institucionalidad habla de independencia técnica, la gente observa una institución reguladora ubicada dentro del mapa del Ejecutivo. Y cuando una decisión toca el bolsillo de millones, la frontera entre lo técnico y lo político desaparece frente a la indignación social.
La CREE tiene autoridad legal para regular tarifas y fiscalizar el sector eléctrico. Pero el Gobierno tiene la responsabilidad política de dar la cara cuando esas decisiones impactan directamente la economía familiar.
No basta con decir que el ajuste es inevitable. No basta con empujar el costo hacia la población. No basta con culpar al mercado, a los combustibles, a la generación, a la deuda o a la vieja crisis de la ENEE. Honduras exige una explicación completa, transparente y sin maquillaje.
El problema es que cada aumento en la energía se siente como una confesión de fracaso estructural.
Si el sistema eléctrico necesita más dinero, alguien debe explicar qué se está corrigiendo. Si la ENEE sigue drenando recursos, alguien debe mostrar resultados. Si la tarifa sube, alguien debe responder qué sacrificios está haciendo el Estado antes de pedirle otro sacrificio al pueblo.
La pregunta política es inevitable: ¿por qué siempre paga el usuario?
El golpe eléctrico afecta a quienes menos margen tienen. A la madre que calcula cada lempira. Al emprendedor que no puede trasladar todos sus costos. Al comerciante que ya paga alquiler, planilla, seguridad y tributos. Al joven que estudia con internet en casa. A las familias que viven entre apagones, calor, inseguridad y recibos cada vez más pesados.
Por eso el tema no es únicamente energético. Es social. Es económico. Es político. Es profundamente ciudadano.
La administración Asfura enfrenta una prueba temprana de sensibilidad y autoridad. Si permite que la CREE cargue sola con la explicación técnica, el vacío será llenado por la sospecha pública: que el Ejecutivo ordena, que el regulador ejecuta y que el pueblo paga.
Esa percepción es dinamita política.
El país necesita saber si el aumento forma parte de una ruta seria para ordenar el sector eléctrico o si se trata de otro capítulo del mismo libreto de siempre: trasladar la crisis al recibo, exigir paciencia a la población y dejar intactas las raíces del problema.
La ENEE sigue siendo el epicentro de una discusión nacional que ningún Gobierno ha logrado cerrar con credibilidad. Cada administración promete rescate, eficiencia y estabilidad. Pero al final, el usuario sigue enfrentando la misma historia: más cobros, más incertidumbre y menos confianza.
El Ejecutivo debe entender que la energía no es un expediente frío. Es una línea directa con el humor social del país.
Cuando sube la luz, sube el enojo. Cuando sube el recibo, baja la paciencia. Cuando el Gobierno no explica, crece la sospecha.
La CREE podrá firmar el ajuste, pero el costo político se instala en el poder Ejecutivo. Y en una Honduras cansada de cargar crisis ajenas, ese costo puede convertirse en conversación nacional, presión ciudadana y desgaste acelerado.
El Gobierno todavía puede convertir este golpe en una oportunidad de transparencia. Pero si responde con silencio, tecnicismos o distancia, el trancazo energético terminará siendo leído como una orden del poder contra el bolsillo del pueblo. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com