Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Congreso Nacional quedó colocado en el centro de una tormenta política tras impulsar reformas que elevan hasta 60 años de prisión las penas por femicidio, una medida que puede sonar dura ante la opinión pública, pero que también expone una verdad más incómoda: el Estado hondureño sigue reaccionando cuando las mujeres ya fueron asesinadas.
La jugada legislativa encabezada por el poder político de Tomás Zambrano pretende enviar un mensaje de firmeza, pero abre un debate nacional de alto voltaje: Honduras no enfrenta solo un problema de penas bajas, enfrenta una crisis de prevención débil, investigaciones lentas, protección insuficiente, instituciones rebasadas y una impunidad que convierte el dolor de las familias en una herida abierta.
El país no puede permitir que el endurecimiento penal se convierta en cortina de humo.
Las reformas al Código Penal, publicadas en La Gaceta, establecen condenas de 25 a 30 años por femicidio, de 30 a 40 años por femicidio agravado y hasta 60 años de cárcel cuando existan agravantes. El texto legal también contempla la creación de juzgados especializados, integrados únicamente por juezas, para atender estos delitos y otras formas de violencia contra la mujer.
Pero la crisis no se resuelve únicamente escribiendo penas más altas.
La pregunta que golpea al Congreso Nacional es otra: ¿quién protege a una mujer antes de que sea asesinada?
Porque una condena de 60 años puede castigar a un criminal, pero no devuelve una vida. No consuela a una madre. No evita una denuncia ignorada. No corrige una investigación mal hecha. No sustituye una orden de protección incumplida. No convierte en eficiente a un sistema que demasiadas veces llega tarde.
Ahí está el verdadero problema que Tomás Zambrano no puede maquillar con discursos legislativos.
El Congreso puede aprobar reformas, pero también debe responder por la falta de una agenda integral que coloque la vida de las mujeres como prioridad nacional y no como reacción política después de cada ola de indignación pública.
La violencia feminicida requiere mucho más que cárcel. Requiere prevención real en barrios, aldeas y ciudades. Requiere atención inmediata a denuncias. Requiere presupuesto para instituciones de justicia. Requiere capacidad investigativa. Requiere policías preparados. Requiere fiscalías con fuerza. Requiere juzgados que funcionen. Requiere refugios. Requiere seguimiento a víctimas. Requiere voluntad política sostenida, no solo votaciones de alto impacto.
Honduras no puede seguir aceptando que el Estado llegue con severidad penal cuando ya falló en proteger.
Esa contradicción desnuda al Congreso Nacional.
Mientras Tomás Zambrano intenta capitalizar políticamente una reforma presentada como avance, el país tiene derecho a exigir resultados concretos: menos impunidad, más prevención, más protección, más capturas, más condenas reales y menos mujeres asesinadas.
Porque si las reformas no reducen la violencia, no aceleran la justicia, no fortalecen la investigación y no garantizan seguridad efectiva, entonces el Legislativo habrá producido una medida de impacto simbólico, no una solución de Estado.
Y Honduras ya no está para símbolos vacíos.
El drama de los femicidios no puede utilizarse como vitrina política. No puede convertirse en una fotografía del Congreso. No puede reducirse a un titular oficial. Cada caso representa una vida arrebatada, una familia destruida y una falla colectiva que el poder público no puede seguir administrando con frialdad.
Tomás Zambrano y el Congreso Nacional quedan bajo presión porque la reforma no cierra el debate; lo abre con más fuerza.
Ahora deberán demostrar si esta legislación será el inicio de una respuesta integral o apenas otro intento de maquillar con cárcel tardía una crisis que exige prevención inmediata, justicia efectiva y responsabilidad institucional.
El país no necesita castigos que lleguen después del asesinato como único consuelo; necesita un Estado capaz de impedir que la violencia siga ganando terreno. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com