Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La reforma eléctrica que avanza en el Congreso Nacional amenaza con convertirse en la operación política y empresarial más grande de los últimos años en Honduras, no solo por los miles de millones de lempiras comprometidos, sino por el silencio que rodea a quienes podrían quedarse con las nuevas oportunidades del mercado.
Bajo el argumento de rescatar la ENEE, reducir apagones y modernizar el sistema, la clase política discute una reorganización capaz de transformar completamente el negocio energético. Pero mientras se habla de eficiencia, competencia y gobernanza, nadie publica el mapa de empresarios, financistas, contratistas y políticos interesados en el resultado final.
Eso convierte la votación en una bomba política.
No es una simple reforma: es una redistribución de poder
El proyecto pendiente de aprobación propone separar funciones, crear un Operador del Sistema y Mercado con carácter independiente, fortalecer a la CREE y reorganizar la ENEE mediante empresas de propiedad estatal.
En el papel, la propuesta promete orden.
En la práctica, puede mover miles de millones de lempiras entre generadores, operadores, bancos, desarrolladores solares, empresas de transmisión, proveedores tecnológicos, comercializadores, consultores y contratistas.
El Congreso Nacional sostiene que la ENEE no será privatizada y que las empresas resultantes continuarán perteneciendo al Estado.
Pero la experiencia hondureña demuestra que una empresa puede seguir siendo estatal mientras sus negocios más rentables son capturados por proveedores privados, intermediarios políticos o contratistas protegidos.
La propiedad pública, por sí sola, no garantiza control ciudadano.
¿Qué diputados tienen intereses alrededor de la energía?
La mayor debilidad del debate es la ausencia de declaraciones públicas sobre conflictos de interés.
Los diputados discuten las reglas del mercado sin revelar si mantienen vínculos directos o indirectos con empresas de energía, construcción, combustibles, banca, tecnología, paneles solares, hidroeléctricas, biomasa, transmisión o consultorías.
Tampoco se conoce qué grupos empresariales han sostenido reuniones privadas con jefes de bancada, funcionarios, asesores o miembros de las comisiones legislativas.
No se trata de acusar sin pruebas.
Se trata de exigir respuestas antes de que la ley sea aprobada.
Cada congresista debería declarar:
Qué empresas financiaron su campaña.
Qué empresarios energéticos integran su círculo político.
Qué familiares poseen negocios vinculados al sector.
Qué reuniones sostuvo durante la discusión.
Qué propuestas privadas recibió.
Qué modificaciones promovió dentro del decreto.
Quien no tenga intereses que esconder no debería temerle a la transparencia.
La presión política no ocurre por casualidad
La reforma requiere al menos 65 votos y ha provocado intensas negociaciones entre partidos.
Algunos diputados la presentan como la única salida para evitar el colapso. Otros advierten que puede abrir la puerta a una privatización disfrazada. También existen sectores que condicionan su apoyo a cambios específicos dentro del texto.
Cuando una ley mueve tantos intereses económicos, la presión legislativa nunca es inocente.
Cada artículo puede beneficiar o perjudicar a determinadas empresas.
Cada función transferida puede crear un nuevo centro de poder.
Cada licencia puede abrir un negocio.
Cada excepción puede valer millones.
Cada nombramiento puede entregar control sobre decisiones técnicas y financieras.
Por eso, Honduras debe conocer qué sectores están presionando, qué modificaciones solicitan y qué diputados actúan como sus interlocutores.
Primero aprobaron leyes, ahora preparan la nueva estructura
La transformación energética lleva más de una década construyéndose mediante normas sucesivas.
La Ley General de la Industria Eléctrica, aprobada en 2014, estableció un modelo basado en regulación, competencia y separación de funciones. Sin embargo, buena parte de su arquitectura nunca funcionó como fue prometida.
En 2022 se aprobó una ley especial que declaró la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional, fortaleció la intervención estatal y permitió revisar condiciones contractuales.
Posteriormente se introdujeron modificaciones regulatorias y reformas ejecutivas que ajustaron nuevamente la estructura del sector.
Ahora aparece un nuevo proyecto que pretende crear sociedades mercantiles estatales, fortalecer la regulación y establecer un operador independiente.
Cada gobierno cambia las reglas, pero la factura del fracaso siempre termina en manos de la población.
Las leyes se aprueban.
Los decretos se anuncian.
Los funcionarios cambian.
Los apagones permanecen.
El negocio privado florece sobre una empresa endeudada
Mientras la ENEE acumula obligaciones, alrededor del sistema eléctrico se mantienen contratos de generación, compras de energía, suministro de combustibles, servicios técnicos, recuperación de pérdidas, mantenimiento, construcción y financiamiento.
El Estado se endeuda para pagar generadores.
Los generadores reclaman pagos atrasados.
Los bancos financian operaciones.
Las empresas negocian contratos.
Los políticos administran las reglas.
Y el pueblo paga la tarifa.
El secretario de Finanzas informó que el Gobierno prevé emitir bonos por una cantidad que no superaría los 16,000 millones de lempiras, principalmente para pagar deuda con generadores.
La operación podría evitar una crisis inmediata de liquidez, pero también convierte el desorden eléctrico en nueva deuda pública.
Eso significa que las obligaciones de la ENEE no desaparecen.
Solamente cambian de bolsillo.
Los generadores deben cobrar, pero los contratos deben abrirse
Las empresas que entregaron energía tienen derecho a recibir su pago conforme a la ley y a sus contratos.
Sin embargo, el país también tiene derecho a conocer:
Cuánto se paga a cada generador.
Qué tarifa establece cada contrato.
Qué contratos fueron renegociados.
Cuáles contienen garantías estatales.
Qué empresas recibieron pagos prioritarios.
Qué propietarios finales controlan esas compañías.
Qué políticos promovieron o aprobaron esos acuerdos.
Qué funcionarios autorizaron acumulaciones de deuda.
La transparencia no puede limitarse a anunciar una cifra global.
Debe mostrar nombres, montos, condiciones y decisiones.
Durante años se ha denunciado que contratos energéticos beneficiaron a grupos cercanos al poder político. La propia ENEE ha reconocido públicamente que numerosos acuerdos heredados fueron aprobados bajo administraciones anteriores y generaron fuertes compromisos financieros.
El nuevo Gobierno no puede combatir la opacidad con más opacidad.
El mayor moroso está dentro del Gobierno
La crisis energética tomó un giro explosivo cuando la nueva administración de la ENEE reconoció que el propio Estado concentra la mayor parte de las cuentas pendientes.
De aproximadamente 18,000 millones de lempiras por cobrar, alrededor de 14,000 millones estarían vinculados con instituciones públicas, organismos autónomos, entidades descentralizadas y municipalidades.
Eso coloca al Gobierno como el principal deudor de la empresa que dice querer rescatar.
El SANAA fue mencionado con una obligación cercana a los 1,800 millones de lempiras. También existen alcaldías y entidades públicas con cuentas acumuladas durante largos períodos.
La contradicción es brutal.
El Estado ordena a la ENEE recuperar pérdidas, pero sus propias instituciones no pagan.
El Gobierno pide disciplina financiera, pero mantiene mora multimillonaria.
Los políticos exigen eficiencia, pero alcaldías administradas por sus partidos acumulan facturas.
El Congreso discute nuevos mecanismos, pero no obliga a los grandes deudores públicos a ponerse al día.
Alcaldías deben explicar en qué gastaron el dinero
Las municipalidades no pueden esconderse detrás del argumento de falta de recursos.
Cada alcalde debe responder cuánto debe su administración, desde cuándo existe la deuda, qué gestiones de pago realizó y por qué continuó utilizando energía sin cubrir las facturas.
También debe establecerse qué parte de la mora fue heredada y qué parte creció durante la actual administración.
No importa si la alcaldía pertenece al Partido Nacional, Liberal, Libre o una fuerza local.
La ENEE no puede convertirse en una caja de financiamiento electoral para corporaciones municipales.
Una alcaldía que cobra impuestos, tasas y servicios debe explicar por qué no paga la electricidad que consume.
Y si existen convenios especiales, condonaciones, descuentos o reclasificaciones, deben divulgarse.
Los grandes privados también deben aparecer
Que el Gobierno concentre la mayor mora no exonera al sector privado.
La ENEE debe publicar nombres de empresas, industrias, comercios, urbanizaciones, grandes consumidores y operadores que mantengan obligaciones significativas.
Debe conocerse si existen compañías con conexiones irregulares, facturación disputada durante años, medidores alterados, demandas paralizadas o convenios incumplidos.
También debe investigarse si empresas políticamente conectadas recibieron un trato diferente al aplicado contra hogares y pequeños negocios.
El ciudadano que debe una factura enfrenta corte.
El pequeño comerciante pierde el servicio.
La gran empresa no puede recibir años de negociación silenciosa.
No puede haber lista negra selectiva
La publicación de morosos debe realizarse con criterios técnicos y sin manipulación partidaria.
No puede utilizarse para exponer empresarios opositores mientras se oculta a empresas amigas.
No puede señalar alcaldías rivales mientras se protegen municipios gobernados por aliados.
No puede divulgar cifras antiguas para dañar reputaciones sin mostrar pagos posteriores, reclamos legales o convenios vigentes.
La lista debe estar respaldada por estados de cuenta, períodos exactos, procedimientos de cobro y derecho de aclaración.
De lo contrario, la transparencia se convertirá en propaganda.
El verdadero escándalo está en los beneficiarios finales
Honduras suele conocer el nombre comercial de una empresa, pero no siempre quién controla realmente sus acciones.
Eso facilita que políticos, familiares, socios o financistas participen en negocios mediante sociedades interpuestas.
La reforma debe incluir un registro público de beneficiarios finales para toda empresa que:
Venda energía al Estado.
Participe en licitaciones.
Administre infraestructura.
Reciba concesiones.
Opere plantas.
Comercialice electricidad.
Preste servicios a la ENEE.
Reciba garantías soberanas.
Obtenga financiamiento respaldado con fondos públicos.
Sin esa información, cualquier discurso contra la corrupción queda incompleto.
¿Rescate público o nueva repartición privada?
El sector empresarial sostiene que la ENEE no funciona y advierte que hogares, industrias y comercios migrarán hacia paneles solares o sistemas propios si la calidad del servicio no mejora.
La generación distribuida puede aliviar costos y ofrecer independencia. Pero también abre un mercado millonario para proveedores de paneles, baterías, inversores, instalación, financiamiento y mantenimiento.
¿Quiénes están entrando a ese mercado?
¿Quiénes presionan para modificar las reglas?
¿Quiénes buscan controlar la medición de excedentes?
¿Quiénes negociarán con usuarios industriales?
¿Existen políticos vinculados con esas empresas?
Otra vez, el problema no es que el sector privado invierta.
El problema es que la legislación sea diseñada para favorecer a unos pocos mientras se presenta como una solución para todos.
Que cada voto tenga nombre, explicación e intereses declarados
La votación definitiva debe ser pública y nominal.
Cada diputado debe explicar por qué respalda o rechaza cada capítulo esencial.
Además, el Congreso debería publicar:
Texto final negociado.
Cambios introducidos por cada bancada.
Informes técnicos.
Proyecciones financieras.
Opiniones de la CREE.
Estudios sobre impacto tarifario.
Reuniones con empresas.
Asesores involucrados.
Declaraciones de conflicto de interés.
Financistas de campañas relacionados con energía.
La reforma puede ser necesaria.
Pero una reforma necesaria también puede ser capturada por intereses privados si se aprueba sin vigilancia.
La crisis no puede pagarse tres veces
El pueblo hondureño ya paga la energía mediante su recibo.
También paga los subsidios mediante impuestos.
Ahora podría pagar bonos para cubrir deuda con generadores.
Mientras tanto, instituciones públicas no cancelan sus cuentas, las pérdidas continúan y los responsables políticos nunca enfrentan consecuencias.
Ese modelo es insostenible.
El país no puede seguir financiando un sistema donde los ciudadanos reciben cortes, los grandes morosos negocian, los políticos se reparten instituciones y los grupos empresariales aseguran contratos protegidos.
Antes de aprobar la reforma, el Congreso Nacional debe responder una pregunta sencilla:
¿La nueva ley está diseñada para rescatar la ENEE o para asegurar el próximo gran negocio de la clase política hondureña?
Mientras esa respuesta no sea transparente, cada apagón, cada bono emitido y cada negociación legislativa profundizarán la sospecha de que el sistema eléctrico no está en crisis por falta de leyes, sino por exceso de intereses escondidos. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com